En días pasados, miembros del sindicato unitario de trabajadores del Tolima, denunciaron el mal estado financiero en que se encuentra la empresa de servicios públicos de El Espinal, haciendo alusión a lo manifestado por el alcalde local, quien expresó preocupación pues la entidad trabaja a pérdidas y que, probablemente, podría llegar a venderse.

Esta, fue intervenida desde el 2006 por la Superintendencia de Servicios Públicos y luego, entregada a la administración municipal en el año 2017. De este modo Lucía Hernández, directora de empresas intervenidas de la superservicios, explicó que la entidad fue entregada en buen estado financiero hace más de dos años, y que se le está haciendo el seguimiento anual.

“La empresa venía presentando unas pérdidas operacionales importantes, y al momento en que se devolvió al municipio, se entregó superada, en ese momento no tenía déficit de ningún tipo. Al momento que se inició la intervención, tenía un patrimonio muy pequeño, y cuando se levantó la intervención, tenía un patrimonio positivo, por encima de los $30.000 millones”, dio a conocer.

Así mismo, la directora indicó que este tipo de empresas dependen de las tarifas de cobro (ingresos), y de los costos y gastos (egresos), por lo que el dinero que se capta debe ser mayor al que se gasta mensualmente en pago de trabajadores y demás gastos.

“Las tarifas de cobro están construidas de tal forma que se cubran todos los gastos y costos en que incurre la empresa, con criterios de eficiencia. Por ejemplo, que tenga una planta de funcionarios adecuado al número de usuarios que atiende la compañía. Y si ya la empresa empieza a manejar una planta de personal mayor, pues pueden generarse gastos que pueden generar dificultades financieras”, agregó Lucía Hernández.

Sobre este último punto, la directora señaló que el municipio de El Espinal debe entrar a revisar, para determinar si lo señalado por los miembros del sindicato unitario de trabajadores del Tolima, corresponde a un déficit en los ingresos financieros frente a la cantidad de empleados de la empresa.

Por último, Lucía Hernández, enfatizó en que la Superintendencia de Servicios Públicos entregó la empresa en buen estado financiero, ya que en el 2017, cuando se dio el levantamiento de la intervención, los gastos operacionales eran de $4.000 millones, mientras que en el corte a 2019, esos mismos gastos se ubicaban sobre los $7.000 millones.