La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos ha generado una profunda crisis diplomática con Colombia, elevando el tono de las declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump y provocando reacciones políticas en toda América Latina.

La reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha tensado aún más las relaciones entre Bogotá y Washington.

La misión, descrita por el gobierno estadounidense como una acción contra el narcotráfico y el narco-terrorismo, incluyó ataques aéreos que provocaron víctimas en territorio venezolano y costó la vida a decenas de personas, incluyendo militares y civiles, según reportes internacionales.

Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro calificó la operación como una “violación de la soberanía de Venezuela y de la región”, rechazando la forma en que se llevó a cabo la captura de Maduro y subrayando que no existe una base legal clara para un acto de este tipo. Además, Petro ha llamado a resolver la situación mediante diálogo y respeto al derecho internacional, y ha movilizado fuerzas en la frontera con Venezuela ante el riesgo de un aumento del conflicto y posibles olas migratorias.

La tensión bilateral se agravó con declaraciones cruzadas entre Trump y Petro. El presidente estadounidense no descartó ampliar acciones militares incluso contra Colombia, al tiempo que tildó al gobierno colombiano de ser incapaz de enfrentar el narcotráfico, generando rechazo en el entorno político de Bogotá.

En el plano regional, el impacto se ha extendido más allá de la relación binacional. El gobierno colombiano ha convocado a una reunión de cancilleres de la CELAC, con el objetivo de articular una respuesta conjunta frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y definir una postura regional unificada frente a lo que consideran una agresión.

Organizaciones empresariales en Colombia, como AmCham Colombia, han instado al gobierno a actuar con “responsabilidad diplomática” para preservar la cooperación en seguridad y evitar un deterioro prolongado en la institucionalidad regional.

Mientras tanto, la comunidad internacional ha expresado opiniones encontradas: varios países latinoamericanos condenan el uso de la fuerza y exigen respeto por el derecho internacional, mientras que otras naciones han apoyado la acción estadounidense alegando la necesidad de combatir el crimen organizado en la región.