La sanción de dos días de arresto domiciliario y multa de dos salarios mínimos se dio tras el incumplimiento en el traslado de detenidos amparados por tutela.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué confirmó la sanción por incidente de desacato dictada contra Magaly Quimbayo Guzmán, secretaria General y de Gobierno de San Sebastián de Mariquita, y Guillermo Andrés González, director de la Regional Viejo Caldas del INPEC.

La decisión ratifica la medida coercitiva impuesta por el Juzgado Penal del Circuito de Honda debido a la falta de traslado oportuno de varios privados de la libertad que permanecían en condiciones de hacinamiento en la Estación de Policía de Mariquita.

La actuación judicial se originó a partir de una acción de tutela amparada en julio de 2026, la cual ordenaba reubicar a diez ciudadanos en establecimientos penitenciarios con mayor disponibilidad o menor hacinamiento, garantizando sus derechos fundamentales.

Aunque el INPEC y la administración municipal adelantaron gestiones parciales y lograron el traslado de algunos procesados, las autoridades judiciales constataron que las órdenes no se cumplieron en su totalidad dentro de los términos legales establecidos.

En el fallo de consulta, la Sala Penal argumentó que la falta de acuerdo presupuestal o la insuficiencia de un convenio interadministrativo entre el municipio y el INPEC no exime a las instituciones de garantizar los derechos a la vida digna de los detenidos.

Al persistir el incumplimiento frente a tres de los sindicados en la base de datos oficial, la corporación determinó que la sanción de dos días de arresto domiciliario y el pago de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes resulta proporcional para exigir la ejecución integral del mandato constitucional.