Una nueva actualización técnica de Cortolima identificó 259 hectáreas adicionales afectadas por la extracción ilícita en ríos y bosques protegidos de la región.

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, reveló los alarmantes resultados de su más reciente estudio sobre los daños causados por la minería ilegal en el sur del departamento. A través de imágenes satelitales, sobrevuelos y análisis en terreno, la autoridad ambiental identificó 259 hectáreas adicionales impactadas, elevando la cifra total a 491 hectáreas destruidas por esta actividad ilícita.

Las afectaciones se extienden sobre cuencas de alta relevancia ecológica como las quebradas Tuluní, Apa y Guanábano, junto a los ríos Amoyá, Saldaña y Atá. El informe destaca que la intervención con maquinaria pesada ha provocado la pérdida de bosques, pastos y cauces fluviales, además de alterar la dinámica de los ríos, deteriorar la calidad del agua y poner en riesgo la fauna nativa por el uso de combustibles.

En respuesta a esta crisis ambiental, la entidad ha participado en 17 operativos conjuntos con la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares en los últimos meses. Estas acciones interinstitucionales han permitido la incautación e inutilización de maquinaria, así como el cierre de puntos de extracción que funcionaban sin ningún tipo de permiso.

Paralelamente, Cortolima ha iniciado 88 procesos sancionatorios en los municipios del sur y suroriente, focalizando la mayoría de los casos en Ataco y Chaparral. Asimismo, la autoridad ambiental advirtió que los grupos dedicados a la minería no autorizada se están desplazando hacia el norte del departamento, por lo que ya se adelantan controles en zonas como Santa Isabel, Casabianca y Mariquita.