El presidente colombiano califica de "delito" y "causal de nulidad" las irregularidades de la campaña opositora, pero descarta tajantemente las especulaciones sobre una dictadura.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció de manera contundente sobre el panorama electoral del país y los rumores que sugieren un intento de perpetuarse en el poder.

En una declaración formal, el mandatario calificó de graves las anomalías en la campaña de la oposición, señalando que, bajo la normativa colombiana, los hechos denunciados constituyen un delito y una clara causal de nulidad de las elecciones. No obstante, criticó la postura judicial frente a las demandas de nulidad presentadas, sugiriendo que se ha preferido evadir el fondo del asunto.

Petro aclaró de manera enfática que su gobierno no tiene ninguna intención de impedir la posesión del nuevo mandatario. Saliendo al paso de los sectores que, según sus palabras, le piden "volverse dictador", el jefe de Estado ratificó que su mandato constitucional culmina de manera improrrogable el próximo 6 de agosto a las doce de la noche.

Aseguró que cualquier intento de extender ese límite temporal mediante la fuerza significaría una ruptura constitucional y un camino hacia la violencia que no está dispuesto a transitar.

En su intervención, el presidente destacó los esfuerzos de su administración por mejorar las condiciones de los soldados y policías del país, enfatizando que bajo ninguna circunstancia los involucrará en un conflicto contra la ciudadanía.

Petro advirtió que prolongar su mandato por la vía de las armas desataría un grave estallido social, reconociendo que millones de colombianos votaron legítimamente por la opción ganadora en los comicios, más allá de los análisis políticos que deban hacerse sobre el comportamiento del electorado.

Finalmente, el mandatario atribuyó a sectores de la prensa la narrativa que lo acusa de querer romper el hilo democrático, autodefiniéndose de manera rotunda como un demócrata convencido.

Concluyó señalando que respetará el mandato constitucional y la voluntad del pueblo, dejando claro que a partir del 7 de agosto iniciará una nueva etapa para el país bajo las reglas institucionales vigentes.