La Administración Municipal advirtió que aplicará sellamientos y derribos a quienes invadan el espacio público o edifiquen sin los permisos exigidos por la ley.

En un esfuerzo contundente por frenar el crecimiento urbano desordenado y recuperar las zonas comunes, la Alcaldía de El Espinal, a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Licencias y Ordenamiento Territorial, anunció el inicio de operativos para demoler todas aquellas estructuras que hayan sido levantadas de manera ilegal.

Juan Felipe Vallejo, director de Licencias y Ordenamiento Territorial, explicó que esta medida drástica es el resultado de una serie de inspecciones técnicas y rigurosas realizadas en diferentes sectores del municipio y en el corregimiento de Chicoral.

Durante estos recorridos, las autoridades evidenciaron una preocupante ocupación indebida del espacio público, así como edificaciones que carecen por completo de licencias y permisos urbanísticos.

El funcionario aclaró que los procedimientos no son una acción imprevista, ya que las dependencias correspondientes realizaron previamente llamados preventivos a los responsables de las obras.

En dichas jornadas se les notificó detalladamente sobre la ilegalidad de las construcciones y las consecuencias jurídicas; sin embargo, ante la persistencia de los incumplimientos en zonas protegidas o no autorizadas, se dio vía libre a la aplicación estricta de la ley.

Ante este panorama, la Administración Municipal lanzó una fuerte alerta a toda la ciudadanía, advirtiendo que los controles e inspecciones sobre las calles e inmuebles se van a intensificar de forma indeterminada. El mensaje de los entes de control es claro: cualquier obra que infrinja las normas urbanísticas vigentes se expondrá de inmediato al sellamiento preventivo o a la demolición total.

Finalmente, el director Vallejo hizo un llamado urgente a la conciencia ciudadana y a la cultura de la legalidad. Invitó a los habitantes que tengan planeado realizar cualquier tipo de modificación o edificación a acercarse primero a las autoridades competentes para tramitar los permisos obligatorios, evitando así sanciones financieras severas y la dolorosa pérdida de su inversión material.