Mientras ambientalistas exigen respeto a la soberanía popular, la Gobernación defiende la minería responsable y busca un cierre legal definitivo al proceso.

Una aguda controversia se ha desatado entre colectivos sociales y la Gobernación del Tolima tras la entrada en vigencia de un acuerdo municipal que declara de utilidad pública 33 predios de la multinacional AngloGold Ashanti. La polémica gira en torno a las supuestas demoras en la revisión del documento y las posturas encontradas sobre el modelo de desarrollo que debe regir en Cajamarca, una zona históricamente opuesta a la gran minería.

El representante a la Cámara electo Renzo García lideró las críticas al solicitar a la gobernadora Adriana Magali Matiz que no objete la decisión tomada por el Concejo Municipal. García subrayó que este acuerdo es el resultado de una iniciativa popular normativa respaldada por más de 4.400 firmas, por lo que cualquier intento de frenarlo sería interpretado como un ataque a la democracia y una defensa de los intereses de las multinacionales mineras.

Frente a los cuestionamientos, la Gobernación del Tolima aclaró que el acuerdo ya se encuentra vigente y cuenta con presunción de legalidad, debido a que se agotaron los términos para ser enviado a control judicial sin recibir objeciones previas. Sin embargo, la gobernadora Matiz mantuvo encendida la polémica al manifestar que es su potestad solicitar actuaciones adicionales para establecer un "cierre legal definitivo" sobre este tema tan sensible para el territorio. 

Crece la tensión política en el Tolima por el blindaje ambiental de predios en Cajamarca

Mientras ambientalistas exigen respeto a la soberanía popular, la Gobernación defiende la minería responsable y busca un cierre legal definitivo al proceso. pic.twitter.com/Yx7ubhvBoG

— ONDAS DE IBAGUÉ 1470AM (@Ondas1470) April 20, 2026

La mandataria defendió su postura argumentando que, si bien respeta la autonomía ciudadana y la protección del agua, considera que la minería legal y responsable es una fuente necesaria de empleo e impuestos.

Esta visión choca directamente con los sectores ambientalistas, quienes temen que la puerta quede abierta para futuras intervenciones extractivas a pesar del mandato popular expresado en las urnas y en el Concejo.

La relevancia de este choque radica en que Cajamarca es el epicentro de la resistencia ambiental en Colombia desde su consulta popular de 2017. Lo que ocurra con estos 33 predios marcará un precedente jurídico nacional sobre si los municipios tienen la facultad real de convertir terrenos con títulos mineros en zonas de conservación, desafiando el poder de las grandes empresas y la política minero-energética del Estado.

Esta disputa no solo define el futuro del oro en la región, sino que pone a prueba la relación entre los movimientos sociales y el gobierno departamental en un momento de alta polarización.