La minera nacional pagó 10 millones de dólares a AngloGold Ashanti ignorando que el proyecto carece de licencia y fue rechazado por el 97% de la población.

El panorama social y ambiental en el municipio de Cajamarca ha vuelto a encenderse tras el anuncio de la empresa colombiana Mineros S.A., que adquirió los derechos de la sudafricana AngloGold Ashanti sobre el polémico proyecto La Colosa. La transacción, que incluyó un desembolso inicial de 10 millones de dólares y la promesa de otros 60 millones condicionados a permisos futuros, pretende reactivar una explotación que se encuentra en un limbo legal y ambiental desde hace años.

A pesar de las pretensiones de la compañía, el proyecto enfrenta obstáculos que parecen insalvables bajo la legislación actual. La Colosa colinda directamente con el Páramo de los Nevados y se traslapa con zonas de reserva forestal central, ecosistemas donde la minería está terminantemente prohibida en Colombia.

Además, la iniciativa carece de licencia ambiental y el plan de trabajo no ha sido autorizado debido a la protección constitucional de estas áreas estratégicas.

La mayor barrera para esta operación es el mandato de los propios habitantes de Cajamarca. En 2017, más del 97% de la comunidad votó un "No" rotundo en una consulta popular, rechazando cualquier actividad minera en su territorio.

Aunque la multinacional AngloGold Ashanti había demandado las decisiones de las autoridades ambientales que revocaron sus permisos tras la consulta, el blindaje social del municipio se mantiene como un pilar de resistencia civil.

Desde el Comité Ambiental por la Vida, el diputado Jaime Tocora ha sido enfático en que este cambio de dueños no altera la realidad jurídica del territorio. Para el asambleísta, el hecho de que sea una empresa nacional no borra que la consulta popular fue contra la actividad extractiva y no contra una marca específica. Tocora advirtió que cualquier intento de avanzar con la mina significaría pasar por encima de la Constitución y desplazar a una comunidad entera.

"Se va a respetar la voluntad popular de la gente como sea necesario", sentenció el diputado, recordando que la zona es un pulmón agrícola y productor de alimentos de alta montaña que no admite minería a cielo abierto. Para los sectores sociales, la venta del título minero es vista como un negocio "entre copas" que ignora los 24 millones de hectáreas ya concesionadas en el país y el desorden extractivista que amenaza al Tolima.

Por ahora, Mineros S.A. apuesta a los 28 millones de onzas de oro que se estima yacen bajo el suelo de Cajamarca. Sin embargo, la vigilancia ciudadana y los pleitos jurídicos contra el Ministerio de Ambiente sugieren que el camino hacia la explotación será una batalla legal de largo aliento, donde la protección del agua y los páramos sigue siendo la prioridad de la población local.