Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva, se ha convertido en la presidenta encargada de Venezuela, destacándose como una de las dirigentes más influyentes del chavismo con más de dos décadas de servicio en altos cargos del Estado.

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, abogada de 56 años nacida en Caracas, ha sido una figura clave dentro del proyecto político chavista desde inicios de la década de 2000, ocupando posiciones estratégicas en el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente en el de Nicolás Maduro.

Rodríguez estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y, a lo largo de su carrera, ha acumulado una amplia experiencia en diferentes áreas del Estado, consolidándose como una funcionaria de absoluta confianza del chavismo.

Su trayectoria incluye cargos como ministra de Comunicación e Información, canciller de Venezuela, y posteriormente la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano con poderes ampliados que redefinió el entramado institucional en 2017.

En 2018 fue designada vicepresidenta ejecutiva por Maduro y, durante los últimos años, concentró responsabilidad sobre asuntos económicos y energéticos, incluida la gestión del sector petrolero, un pilar de la economía venezolana.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano habilitó a Rodríguez para ejercer la presidencia encargada tras la ausencia de Maduro, argumentando que su rol garantizará la continuidad administrativa del Estado y la defensa integral de la Nación en una coyuntura marcada por tensiones internas e internacionales.

Además de su cercanía política con Maduro, Rodríguez ha mantenido fuertes vínculos con el aparato del Partido Socialista Unido de Venezuela y con sectores del alto mando militar, lo que ha contribuido a su ascendencia dentro del poder estatal.

Su papel como líder interina ha generado reacciones mixtas: para sus seguidores representa una continuidad en el modelo chavista y un baluarte frente a la intervención extranjera, mientras que críticos advierten sobre los riesgos de perpetuar estructuras de poder sin elecciones libres y transparentes.

Externamente, figuras como el presidente Donald Trump han señalado que su reconocimiento y cooperación dependerán de que Rodríguez cumpla con expectativas de cooperación y respeto al marco legal internacional, al mismo tiempo que advierten sobre posibles presiones si no colabora.