El presidente de la Asamblea del Tolima advirtió que la medida del Ministerio de Agricultura limitaría actividades clave como el turismo, la industria y la expansión urbana en el norte del departamento.

El presidente de la Asamblea del Tolima, Giovani Molina, encendió las alarmas frente a las resoluciones expedidas recientemente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante las cuales se avanza en la declaratoria definitiva de Áreas de Protección para la Producción Alimentaria en ocho municipios del norte del departamento.

Según explicó el diputado, el proceso se inició con la Resolución 352 del 9 de diciembre de 2024, que identificó cerca de 54 mil hectáreas como zonas de protección. Sin embargo, hace aproximadamente 20 días el Gobierno Nacional dio un paso más al convertir estas zonas en áreas definitivas, lo que las transforma en un instrumento obligatorio de planeación territorial.

Molina señaló que en municipios como Falan se pretende intervenir cerca del 65 % del suelo, mientras que en Palocabildo la cifra alcanzaría el 89 %, lo que implicaría restricciones severas a actividades como el ecoturismo, el turismo rural, el glamping, el camping, el turismo de aventura y nuevos desarrollos industriales o urbanos.

“El impacto sería grave para la economía local, el empleo rural y el futuro de los jóvenes y mujeres campesinas. El turismo ha sido uno de los motores del crecimiento en esta región y estas medidas lo pondrían en riesgo”, afirmó el presidente de la Asamblea, citando cifras del DANE que ubican al turismo del Tolima por encima del promedio nacional en generación de empleo.

El diputado también advirtió que las resoluciones limitarían la expansión urbana y la construcción de vivienda, lo que podría generar depreciación de inmuebles y frenar el crecimiento natural de los municipios afectados.

Finalmente, Molina hizo un llamado a los alcaldes, gremios y a la Gobernación del Tolima para que se incluyan de manera explícita y regulada las actividades turísticas sostenibles dentro de las áreas de protección, señalando que la seguridad alimentaria debe ir de la mano con la seguridad jurídica y el desarrollo económico regional.