La mandataria se pronunció tras el presunto direccionamiento de contrato para el suministro de alimentos para animales en el CAPA ocurrido en el 2024.

Tras la imputación que hizo la Fiscalía General de la Nación a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera; a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal; y a un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024, la mandataria rompió su silencio.

Por medio de un comunicado, la mandataria se refirió sobre el proceso que enfrentar junto con Johana Carolina Veloza Guio, asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué; el exsecretario de Gobierno Edward Amaya Márquez; y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.

Cabe anotar, que según la investigación, la alcaldesa habría delegado el ordenamiento del gasto en Amaya Márquez y dado instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa encargada del servicio de aseo de la Alcaldía y de los colegios de la ciudad.

Por esto, explicó los motivos por los que no aceptó los cargos imputados, los cuales son: interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

Esto dijo Johana Aranda:

“Los ibaguereños me eligieron para trabajar, servir y actuar siempre de frente. Por eso hoy me dirijo a ustedes con la misma transparencia que ha guiado cada una de mis decisiones en el ejercicio de la Alcaldía.

He sido informada de una decisión judicial relacionada con hechos que son objeto de investigación. Como ciudadana respetuosa de las instituciones, compareceré ante cada requerimiento de la justicia, aportaré toda la información necesaria y ejerceré plenamente mi derecho a la defensa, convencida de que la verdad habrá de prevalecer.

Quiero manifestar con absoluta claridad que siempre he actuado dentro del marco de la Ley, con apego a los principios de transparencia, responsabilidad y respeto por los recursos públicos.

Soy inocente. Por eso, ante la autoridad competente, no acepté los cargos imputados. Tengo mi conciencia tranquila frente a actuaciones que siempre se enmarcaron en la Ley.

La imputación no constituye una condena ni un juicio definitivo sobre la responsabilidad de una persona. Es una etapa procesal que debe ser asumida con respeto por las garantías constitucionales, la presunción de inocencia y el debido proceso.

Mientras avanzan estas actuaciones, seguiré concentrada en la tarea que me encomendó la ciudadanía: trabajar por Ibagué, por recuperar la confianza en lo público, por la seguridad, la infraestructura, el bienestar social, la niñez y las oportunidades para nuestra gente.

A quienes han expresado su respaldo, mi gratitud. A quienes tienen inquietudes, mi respeto. Y a todos los ibaguereños la certeza de que seguiré actuando con la misma serenidad, transparencia y determinación que han caracterizado mi vida pública.

Confío en la justicia, en la verdad y en que este proceso permitirá demostrar que mis actuaciones han sido correctas”.