Al ver el cuerpo de su hija tirado en el piso, sin que llegará Medicina Legal, tomó la desgarradora decisión de ser ella misma quién trasladará el cadáver. 

Un terrible hecho ha conmocionado en el país por la crudeza de la situación la deficiente respuesta institucional que dejó a Yaneth Rojano Mendoza, madre de la víctima, en la necesidad de recorrer más de 70 kilómetros en su motocicleta para trasladar el cuerpo de su hija hasta las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en El Banco, Magdalena.

La joven fallecida fue identificada como Roxana Álvarez Rojano, de 26 años, cuyo cuerpo fue hallado en el sector de Los Pinos, en zona rural de Pelaya (Cesar). El cadáver presentaba signos de tortura, múltiples heridas por arma blanca y disparos, de acuerdo con los reportes iniciales difundidos por medios locales.

Según las autoridades, Roxana y un hombre identificado como José Trinidad Sánchez Duarte fueron retenidos por individuos armados que se hacían pasar por miembros de la fuerza pública la noche del 7 de enero en el corregimiento de Las Vegas y subidos a un vehículo tipo camioneta, en lo que se presume fue un secuestro.

Al conocer del hallazgo, la Policía de Cesar se trasladó al lugar y encontró los dos cuerpos en la vereda Santa Ana hacia las 8:00 de la mañana, aunque la negativa inicial de la Estación de Policía de Pelaya a realizar el levantamiento del cadáver de Roxana por supuestos motivos de seguridad obligó a su madre a tomar la dolorosa decisión de llevar el cuerpo en su propia moto.

El trayecto abarcó varios poblados rurales —como La Floresta, El Burro, Palestina y Tamalameque— antes de llegar a El Banco, donde se adelantó el proceso de identificación y la inspección judicial del cuerpo.

La tragedia ha generado indignación entre los habitantes de la región y en redes sociales, donde se ha cuestionado la falta de apoyo institucional para levantar cuerpos en zonas rurales remotas y la percepción de abandono estatal frente a la violencia persistente que enfrentan comunidades con presencia de grupos armados ilegales.

Las primeras investigaciones oficiales señalan que el homicidio podría tener relación con confrontaciones entre grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo en los sectores rurales, aunque las autoridades aún no han esclarecido de manera pública los móviles exactos del crimen ni han reportado capturas