El incremento del 23% del salario mínimo en 2026 tendrá un efecto directo en el bolsillo de miles de familias que planean comprar vivienda y el golpe se sentirá a partir del 1 de enero.

Con el nuevo salario mínimo, los topes máximos de la vivienda VIS, que se calculan en múltiplos del SMMLV, registrarán un salto significativo. En términos prácticos, una vivienda VIS que antes podía costar alrededor de 213 millones de pesos, ahora podrá alcanzar cerca de 262 millones, lo que implica un encarecimiento cercano a los 49 millones de pesos sin que necesariamente los ingresos reales de los compradores crezcan en la misma proporción. En el caso de viviendas equivalentes a 135 salarios mínimos, el precio subiría de aproximadamente 192 millones a más de 236 millones de pesos.

Este ajuste automático genera preocupación entre constructores, analistas y compradores, ya que los subsidios de vivienda y los cierres financieros no siempre se actualizan al mismo ritmo que el salario mínimo. Expertos advierten que muchos hogares, aunque reciban un mayor ingreso nominal, podrían enfrentar mayores dificultades para completar el monto necesario para la compra, obligándose a asumir créditos más altos, mayores cuotas mensuales o, en algunos casos, a desistir de proyectos ya iniciados.

El impacto no se limita al precio final del inmueble. El aumento del salario mínimo también incide en los costos de construcción, la mano de obra, los materiales y otros servicios asociados al sector inmobiliario, lo que podría trasladarse a un encarecimiento general del mercado, incluso más allá de la VIS. En este contexto, se teme que el aumento termine beneficiando menos a los compradores de lo esperado y complique el acceso a vivienda para sectores de ingresos medios y bajos.

Desde el Gobierno se ha defendido el alza como parte de una política de “salario mínimo vital”, orientada a mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. No obstante, en el sector vivienda persiste la inquietud de que el efecto de la indexación al salario mínimo termine neutralizando ese beneficio y reduzca el acceso real a una vivienda propia.

El debate queda abierto: mientras el salario mínimo sube como nunca antes, comprar vivienda en Colombia será más costoso en 2026, obligando a familias, bancos y al Estado a replantear subsidios, créditos y políticas de acceso para evitar que el sueño de casa propia se vuelva aún más lejano.