Adriana Matiz pedirá al Gobierno Nacional una Política de Seguridad Regional para el país

por Geraldi González

La gobernadora expondrá ante el Ministerio de Defensa las diferencias del delito entre regiones y la necesidad de respuestas territoriales.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, anunció que este viernes sostendrá un encuentro con el viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Fernando Chávez Cruz, quien visitará la ciudad de Ibagué, con el propósito de exponer la situación de orden público que enfrenta el departamento y presentar una propuesta estratégica en materia de seguridad.

La mandataria expresó su preocupación por la amenaza latente contra varios puestos de Policía en el sur del Tolima, una alerta que, según indicó, ha venido advirtiendo en los últimos días. A esta situación se suma la problemática de seguridad que se presenta en municipios como Fresno y El Espinal, donde se han implementado estrategias diferenciales para hacer frente al delito.

“Tenemos alertas en algunas estaciones de Policía del departamento, especialmente en el sur, y situaciones particulares en municipios como Fresno y El Espinal. Todo esto es lo que queremos compartir con el Ministerio de Defensa”, señaló la gobernadora.

Durante el encuentro, Matiz propondrá al viceministro la necesidad de avanzar desde el Gobierno Nacional hacia una Política de Seguridad Regional para Colombia, teniendo en cuenta que los delitos y las dinámicas criminales trascienden las fronteras departamentales.

La gobernadora explicó que las regiones del país presentan problemáticas de seguridad distintas, por lo que las estrategias para combatirlas deben ajustarse a las realidades territoriales. “No son los mismos delitos ni las mismas dificultades en todas las regiones. La situación en la Amazonía o en La Guajira es diferente, y esas particularidades deben ser la base para una política de seguridad regional”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el objetivo de la propuesta es fortalecer la coordinación entre departamentos vecinos y mejorar la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a las amenazas que afectan a las comunidades.