La Corte Suprema de Justicia retomó el proceso contra el exgobernador del Tolima por supuestas irregularidades en un contrato de infraestructura hídrica.

Después de dos años de pausa, la Corte Suprema de Justicia reanudó este miércoles, 11 de junio, el juicio contra el senador Óscar Barreto por cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Los hechos se remontan a su periodo como gobernador del Tolima entre 2008 y 2011.

La investigación se centra en el convenio interadministrativo 758 de 2008, suscrito entre la Gobernación del Tolima y Egetsa S.A. E.S.P. Este acuerdo tenía como objetivo principal la intervención y mejora de los sistemas de acueducto en varios municipios del departamento, además de la ejecución de diversas obras de infraestructura. La Fiscalía sospecha que este convenio podría haber beneficiado a algunos aportantes a la campaña electoral del entonces gobernador.

Durante la audiencia, presidida por la magistrada Blanca Nélida Barreto, se escuchó en interrogatorio a figuras clave de la época. Entre ellos, Deisy Astrid Barbosa Ramírez, quien fuera directora de Contratación en 2008; Ruth Aleyda Cárdenas Díaz, contratista de la oficina de Infraestructura y Planeación del Tolima; y Pedro Elí Parra Ruiz, quien se desempeñó primero como delegado de la gobernación en la junta directiva de Egetsa y posteriormente como gerente de la misma entidad.

La Fiscalía presentó 91 documentos y a los primeros testigos con el fin de demostrar la responsabilidad del exgobernador en las presuntas irregularidades detectadas en la ejecución del controvertido convenio.

Según la acusación, Egetsa subcontrató las obras sin llevar a cabo procesos de licitación pública, eligiendo a los contratistas "a dedo", lo que, al parecer, vulneró los principios de la contratación estatal.

En su declaración, Pedro Elí Parra afirmó que el entonces gobernador Óscar Barreto estaba al tanto de la celebración del convenio y de cómo avanzaba la ejecución de las obras. Parra señaló que en los consejos de gobierno se presentaban informes detallados sobre el progreso del convenio y los contratos asociados.

Además, indicó que el gobernador solicitó en varias ocasiones un análisis jurídico para determinar la viabilidad del acuerdo con Egetsa, un proceso que involucró mesas de trabajo con abogados.

Ante la pregunta de si se consideró otra entidad para la ejecución del convenio, Parra mencionó la posibilidad de haber trabajado con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima (EDAT), aunque precisó que esta entidad apenas se estaba constituyendo y empezó a funcionar mucho después de la firma del convenio con Egetsa.

También confirmó que José Alejandro Martínez Sánchez, entonces secretario de Infraestructura, jugó un rol en la viabilidad técnica y supervisión del convenio.

La audiencia se reanudará este jueves 12 de junio a las 2 de la tarde para continuar con el interrogatorio a otros testigos.