Condenan a 12 años de prisión al exalcalde de Prado por corrupción
- por Kelly Perdomo
Un juez halló responsable a Álvaro González Murillo de irregularidades en 17 convenios que causaron un detrimento cercano a los 300 millones de pesos.

Un juez de conocimiento condenó a 12 años de prisión al exalcalde del municipio de Prado, Tolima, Álvaro González Murillo, tras ser hallado culpable de irregularidades en la celebración de 17 convenios durante el segundo semestre de 2016. La sentencia se profirió luego de que un fiscal de la Seccional Tolima demostrara su responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y peculado por apropiación agravado.
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los contratos tenían como finalidad financiar y ejecutar actividades sociales, educativas, deportivas, culturales y comunitarias en la población. Sin embargo, la empresa contratista no acreditó la idoneidad exigida y tampoco existieron soportes sobre la destinación final de los dineros públicos entregados, generando un detrimento patrimonial cercano a los 300 millones de pesos.
El ente acusador estableció que González Murillo no solo firmó los convenios, sino que también expidió resoluciones mediante las cuales participó en los estudios previos, declaró de manera irregular que la asociación contaba con experiencia e idoneidad, y autorizó la liquidación y el pago de los recursos.
Por este mismo entramado fueron condenadas otras tres personas. La entonces secretaria de Desarrollo Social de Prado, Diana Carolina Romero Yara, recibió una pena de 11 años de prisión tras comprobarse que supervisó los convenios, certificó su supuesto cumplimiento y autorizó los desembolsos.
Asimismo, el despacho judicial sentenció a 8 años de cárcel a Gladys Lucía Cabezas Leonel, representante legal de la empresa contratista para la época de los hechos, y a Daniel Francisco Murillo Cupitra, primo del exmandatario, quien se encargó de gestionar, coordinar y organizar el esquema contractual. La decisión judicial es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.
