Adriyojana Lugo Camacho es señalada de direccionar proyectos de unidades sanitarias por más de 21.000 millones de pesos, generando un detrimento superior a los 499 millones.

La Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto un millonario entramado de corrupción relacionado con un proyecto financiado con recursos de regalías destinado a la construcción de 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas del municipio de Ataco, en el sur del Tolima.

Las obras, que debían beneficiar a una de las zonas históricamente golpeadas por la violencia e incluida en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), continúan sin terminar.

Según la investigación del ente acusador, las irregularidades detectadas ocasionaron un detrimento patrimonial estimado en 499 millones de pesos correspondientes a los recursos giros, en el marco de contratos de obra y de interventoría que ascendieron a los 21.550 millones de pesos.

Entre las personas procesadas se encuentra Adriyojana Lugo Camacho, quien hasta hace un mes se desempeñaba como secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio. La exfuncionaria es señalada de haber elaborado los estudios previos para favorecer a un único proponente en las dos interventorías y de participar en el comité evaluador que recomendó su adjudicación por 1.061 millones de pesos.

Adicionalmente, en su calidad de supervisora, la investigación determinó que permitió la ejecución de obras sin el acompañamiento de la interventoría y avaló un acta de suspensión contractual en agosto de 2024 que contaba con la firma de un representante legal de la firma interventora que jamás asistió a dicha reunión.

Tras conocerse la existencia de una orden de captura en su contra, Lugo Camacho se presentó ante la Sijín de la Policía Nacional en la ciudad de Neiva (Huila), donde se hizo efectiva su detención. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

Aunque la procesada no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia, decisión que fue apelada por la Fiscalía.