El presidente garantizó el derecho a la protesta pacífica, pero anunció medidas frente a hechos de violencia y confirmó que presentará un estatuto antiterrorista al Congreso.

Ante las movilizaciones nacionales convocadas para este miércoles 14 de octubre, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, aseguró que su Gobierno respetará las manifestaciones pacíficas, pero advirtió que no permitirá bloqueos permanentes de carreteras, agresiones ni destrucción de bienes públicos y privados.

El mandatario afirmó que impartió instrucciones a las autoridades para coordinar con los organizadores y los gobiernos territoriales las medidas de seguridad, movilidad y atención de emergencias durante la jornada.

“El derecho a la protesta pacífica es una garantía constitucional, eso no tiene discusión. No depende de que una persona esté de acuerdo con el presidente o con las decisiones de este Gobierno”, manifestó.

De la Espriella sostuvo que la Fuerza Pública deberá actuar bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizando los derechos tanto de los manifestantes como de quienes no participen en las marchas.

“La protesta no autoriza agredir a otros ciudadanos, destruir bienes, amenazar a trabajadores ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia”, señaló.

También aseguró que no se responsabilizará a todos los participantes por los actos violentos que puedan cometer algunas personas.

Sin embargo, cuestionó a los promotores de la movilización, a quienes acusó de buscar la desestabilización de su Gobierno mediante acciones que, según afirmó, podrían afectar el orden público.

El jefe de Estado anunció que radicará un proyecto de ley para crear un estatuto antiterrorista, que deberá ser discutido por el Congreso de la República.

Según explicó, la iniciativa contempla un registro de organizaciones terroristas, medidas para congelar bienes, restricciones a la contratación estatal y sanciones por el uso de drones en ataques contra ciudadanos y miembros de la Fuerza Pública.

También propone penas frente a hechos de asonada y beneficios judiciales para quienes entreguen información efectiva antes de la acusación.

El presidente defendió la necesidad de fortalecer las herramientas legales para enfrentar las amenazas a la seguridad.

Finalmente, reiteró que las autoridades deberán garantizar el desarrollo de las marchas del miércoles, proteger la continuidad de los servicios esenciales y actuar frente a posibles delitos conforme a la ley.

“Las diferencias se pueden expresar con firmeza, pero deben tramitarse sin violencia”, concluyó el mandatario.