El despacho judicial requirió formalmente a la mandataria Martha Lucía Amaya y a la secretaria Luisa Fernanda Borráez, mientras el vocero de 'Maracas', Alexander Ontibón, denuncia un impacto social sobre 15 familias e indefensión técnica.

El conflicto legal por la operación de los tricimóviles eléctricos 'Maracas' en San Sebastián de Mariquita escaló a un nuevo nivel de gravedad institucional.

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Mariquita abrió formalmente un incidente de desacato contra la secretaria de Tránsito y Movilidad, Luisa Fernanda Borráez Medina, y requirió a la alcaldesa municipal, Martha Lucía Amaya Díaz, para que hagan cumplir el fallo de tutela emitido el pasado 18 de junio por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, el cual exige respuestas claras y de fondo sobre la regulación de estos vehículos.

La medida judicial contempla además la orden a la mandataria de iniciar investigaciones disciplinarias por esta omisión. A la par de este proceso en los estrados, el ingeniero Alexander Ontibón Rojas, empresario promotor de 'Maracas', alzó la voz para visibilizar el drama humano y técnico tras las decisiones de la administración municipal.

Ontibón denunció que la salida de circulación de esta flota afectó el sustento directo de cerca de 15 familias vulnerables —entre ellas madres cabeza de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad— e insistió en que los tricimóviles de pedaleo asistido son una alternativa limpia autorizada por la Resolución 3256 del Ministerio de Transporte.

El vocero enfatizó en que la Secretaría de Tránsito no ha podido demostrar la existencia de los estudios técnicos ni de la reglamentación previa que exige la ley antes de imponer inmovilizaciones y sanciones.

Ante esto, Ontibón hizo un llamado a la administración para que entregue los documentos exigidos por la justicia o, en su defecto, admita la falta de regulación y proceda a organizar formalmente un servicio de transporte incluyente y económico para la comunidad mariquiteña.