El Gobierno Nacional interviene administrativamente la institución de educación superior del Tolima por anomalías financieras y contractuales, al tiempo que el Ministerio Público abre proceso disciplinario contra Mario Fernando Díaz Pava.

El Ministerio de Educación Nacional, por medio de la Resolución 015896 del 10 de junio de 2026, ordenó la implementación de medidas preventivas y de vigilancia especial para la Institución Universitaria de El Espinal (UNIESPINAL), anteriormente conocida como el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional (ITFIP). La decisión se tomó tras una visita preventiva realizada los días 26 y 27 de febrero de este año, en la cual la Subdirección de Inspección y Vigilancia identificó diversos hallazgos en la gestión de la entidad.

Respecto a estas acciones de control, el ministro de educación Daniel Rojas Medellín enfatizó la firme postura del Gobierno Nacional de vigilar de cerca las instituciones públicas del país, señalando textualmente: "Aquí no vamos a permitir que los recursos de la educación pública terminen financiando las campañas de las mafias locales de la politiquería". Con esto, la cartera educativa busca sentar un precedente sobre el uso transparente de los rubros asignados a la formación académica.

Entre las principales inconsistencias administrativas detectadas por el ministerio se encuentra el reglamento interno de contratación pública de 2022. Según la resolución oficial, las normativas vigentes otorgan márgenes de discrecionalidad en cabeza del ordenador del gasto, lo que podría debilitar los principios de selección objetiva y transparencia, incrementando de forma directa los riesgos de corrupción en los procesos institucionales. 

El Min. Educación ordena vigilancia especial a UNIESPINAL mientras la Procuraduría investiga a su rector

El Gobierno Nacional interviene administrativamente la institución de educación superior del Tolima por anomalías financieras y contractuales. pic.twitter.com/BonXdaTiWD

— ONDAS DE IBAGUÉ 1470AM (@Ondas1470) June 18, 2026

Asimismo, las autoridades educativas del orden nacional reportaron anomalías en la organización cronológica de la documentación de varios contratos suscritos en diciembre de 2025. La auditoría arrojó que algunos contratos presentaron numeraciones seguidas a pesar de no haber sido firmados en fechas consecutivas, sumado a notorias debilidades en la estructuración de las políticas contables, la depreciación de activos y el control financiero general de la institución académica.

Ante esta situación, el Ministerio de Educación Nacional ordenó la designación de un Inspector In Situ para supervisar permanentemente la administración de la institución. Con esta medida, UNIESPINAL se convierte en la séptima institución de educación superior pública del país en ser objeto de este tipo de vigilancia especial por parte del actual gobierno, sumándose a otros centros educativos con procesos de control vigentes.

De forma paralela a estas determinaciones ministeriales, la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para la Moralidad y la Transparencia Pública, ordenó la apertura de una investigación disciplinaria formal contra el rector de la institución, Mario Fernando Díaz Pava. Este proceso legal se originó a partir de una queja interpuesta en septiembre de 2025 por una funcionaria adscrita a la carrera administrativa de la entidad.

La denuncia penal y disciplinaria bajo la lupa del Ministerio Público examina presuntos abusos de autoridad, desviación de poder y una supuesta persecución laboral.

Específicamente, se investiga la eliminación de los núcleos básicos de conocimiento en administración y contaduría dentro del manual de funciones, lo que presuntamente habría bloqueado el ascenso de trabajadores de carrera para facilitar el nombramiento provisional de personas externas adscritas a un movimiento político.