La candidata presidencial y su fórmula, Juan Daniel Oviedo, rechazaron los destrozos en la localidad de Chapinero y alertaron sobre la falta de garantías para la oposición.

La tensión política se tomó el norte de la capital del país tras el violento hostigamiento sufrido en la sede central de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, ubicada en la carrera Séptima con calle 53.

En medio de jornadas de movilización, un grupo de encapuchados desvió su rumbo para arremeter con piedras, palos y pintura contra la fachada, destruyendo los ventanales principales y vandalizando un mural con los rostros de los candidatos.

Desde las afueras de la edificación afectada y rodeada de su equipo, Valencia se pronunció con firmeza ante los medios y sus simpatizantes. La líder del Centro Democrático vinculó directamente el ataque con los discursos de sus contradictores políticos, asegurando que el mensaje que se le está dando a los manifestantes es el de destruir a todo aquel que piense diferente.

"Vinieron a destruir nuestra sede, igual que hicieron con la casa del presidente Uribe... Nos quieren amilanar y estigmatizar, pero no pasará porque los vamos a derrotar", enfatizó Valencia.

Asimismo, la candidata invitó a los ciudadanos a reflexionar sobre su voto, cuestionando si el país desea un gobierno que promueva la violencia o uno donde todas las familias puedan vivir tranquilas.

Por su parte, su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, defendió la necesidad del debate pero rechazó contundentemente las vías de hecho. El candidato señaló que la democracia requiere de la contradicción y de posturas opuestas, pero advirtió que bajo ninguna circunstancia se puede justificar la incitación al odio ni el hostigamiento contra quienes están trabajando por el país.

El ataque provocó el rechazo inmediato de diversos sectores institucionales. Mientras el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el vandalismo como una afrenta directa a la democracia, el Ministerio del Interior anunció el inicio de investigaciones judiciales y el reforzamiento de los esquemas de seguridad para las sedes políticas en todo el territorio nacional.