El secretario de Seguridad del Tolima descartó motivaciones políticas en el crimen y señaló que las víctimas serían comerciantes procedentes de Antioquia.

Luego de la jornada electoral del pasado domingo, el municipio de Ataco se vio sacudido por el asesinato de tres personas. Ante la incertidumbre generada por la fecha de los hechos, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Alfredo Bocanegra, se pronunció para esclarecer el rumbo de las investigaciones y dar un parte de tranquilidad sobre la legitimidad del proceso democrático.

"No tiene relación alguna con el debate electoral", enfatizó el funcionario al explicar que los organismos de seguridad manejan una hipótesis unificada. Según las primeras indagaciones, el móvil del crimen apunta a un hurto violento relacionado con la actividad de compra y venta de oro en la zona, descartando así cualquier represalia o conflicto derivado de las votaciones.

Las víctimas, según el reporte oficial, no eran habitantes de la región. Todo indica que se trataba de personas provenientes del departamento de Antioquia que se encontraban en el sector con el fin de adquirir el metal precioso. Las autoridades confirmaron que el hecho de portar el mineral habría sido el detonante del ataque violento por parte de los victimarios.

En cuanto al panorama de orden público, Bocanegra confirmó la presencia de estructuras bajo el mando de alias Iván Mordisco en el sur del Tolima. No obstante, destacó la efectividad de la Fuerza Pública tras la captura de dos de sus hermanos, alias Jota y otro integrante detenido recientemente en el norte del departamento, en operativos coordinados desde la capital del país.

El secretario subrayó que el control de la minería ilegal se ha convertido en una prioridad nacional, situando a la región como uno de los siete puntos críticos priorizados por el Gobierno Nacional. Este enfoque no solo busca reforzar la seguridad operativa, sino también proteger recursos vitales como el agua y combatir la deforestación bajo un compromiso de sostenibilidad ambiental.

Para garantizar la legalidad y efectividad de las acciones venideras, ya se cuenta con la presencia de unidades especiales y una fiscalía especializada en el sector. Estas medidas forman parte del compromiso adquirido por el Ministerio de Defensa desde el pasado mes de febrero, buscando una intervención integral que combine la fuerza militar con la inversión social humana.