Desde el Comité Intergremial, exponen que dicha alza, eleva el costo real de un trabajador a casi $3 millones mensuales, sin concertación técnica y desconectado de la realidad económica.

El Comité Intergremial del Tolima rechaza la decisión del Gobierno Nacional de fijar el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7%, una determinación abiertamente desproporcionada que privilegia intereses políticos sobre criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad del empleo.

Este aumento, además de ignorar la realidad productiva del país, traslada una carga insostenible al sector empresarial, afectando directamente la generación de empleo formal y profundizando la informalidad. Así, en una economía donde las micro, pequeñas y medianas empresas representan cerca del 97 % del tejido empresarial, imponer un ajuste de esta magnitud equivale a poner en riesgo la supervivencia de miles de unidades productivas.

Contrario al discurso oficial, un incremento del 23 % no garantiza una mejora real del poder adquisitivo de los trabajadores. En Colombia, entre 2,5 y 3,7 millones de personas devengan el salario mínimo, según cifras del DANE y el Ministerio de Trabajo (2023–2024), lo que significa que 1 de cada 10 colombianos ocupados recibe este ingreso. En una economía altamente indexada al salario mínimo, esta decisión no sólo acelerará el aumento generalizado de precios, sino que erosionará el ingreso real de los hogares y terminará afectando incluso a quienes no reciben este salario.

A ello se suma la ausencia de una concertación técnica real, el desconocimiento de variables fundamentales como la productividad y la capacidad empresarial, y la imposición unilateral de esta medida, factores que en conjunto envían una señal de profunda incertidumbre al mercado laboral y al aparato productivo nacional.

El presidente del Comité Intergremial del Tolima, Efraín Valencia, afirmó: “Responsabilizamos al Gobierno Nacional por los impactos que esta decisión generará en la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y la sostenibilidad de micro y pequeños negocios. Un incremento desproporcionado e insostenible, definido bajo criterios políticos y no técnicos, agudizará la informalidad y ejercerá nuevas presiones sobre la inflación, debilitando aún más la estabilidad económica”.

Desde el Comité Intergremial del Tolima se advierte que este incremento, adoptado bajo una lógica política y no económica, constituye una señal negativa para el mercado laboral y el sector productivo. Las consecuencias no las asumirá el Estado: recaerán sobre los trabajadores, los empleadores y la ciudadanía, con más informalidad, menos empleo y mayor carestía.