Procuraduría formuló cargos al ministro de salud Guillermo Jaramillo por crisis en el modelo del magisterio
- por Geraldi González
La investigación incluye a otras siete personas por presuntas irregularidades y falta de planeación en la implementación del nuevo sistema de salud de los docentes que afectó a miles de afiliados.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el ministro de Salud, el tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo, y otros siete funcionarios y directivos por las presuntas deficiencias presentadas durante la transición al nuevo modelo de salud de los profesores en el país.
El organismo de control investiga posibles irregularidades en la planeación y ejecución del sistema operado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Según la entidad, la falta de una estructura administrativa y técnica adecuada habría provocado una "crisis en la prestación de los servicios de salud", dejando a miles de docentes sin atención médica oportuna y sin el suministro de medicamentos esenciales.
Dentro del proceso también figuran cargos contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y directivos de la Fiduprevisora.
La Procuraduría señala que el Consejo Directivo del Fomag pudo haber incurrido en faltas al aprobar un modelo sin contar con la capacidad operativa necesaria, lo que derivó en la "vulneración del derecho a la salud de los afiliados y sus beneficiarios".
La investigación resalta que, a pesar de las alertas previas, el cambio de modelo se realizó sin los soportes técnicos que garantizaran la continuidad de los tratamientos. El Ministerio Público calificó estas presuntas omisiones como una "falta de diligencia y cuidado" en la gestión de los recursos públicos destinados a la seguridad social de los trabajadores de la educación.
Por ahora, el ministro Jaramillo y los demás implicados deberán responder ante el ente de control, mientras se define si las conductas constituyen faltas disciplinarias gravísimas.
La Procuraduría subrayó que el objetivo de este proceso es establecer las responsabilidades individuales tras los "traumatismos evidenciados en todo el territorio nacional" durante la implementación de la nueva política pública.