El Juzgado Penal del Circuito de Chaparral concluyó que Adriana Matiz sí cumplió con la orden de tutela y actuó conforme a la ley.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, no deberá pagar los dos días de arresto ni la multa que le había sido impuesta por un supuesto desacato judicial. Así lo determinó el Juzgado Penal del Circuito de Chaparral, al revocar la sanción dictada por un juzgado de primera instancia.

El proceso surgió tras una tutela que solicitaba el traslado de la docente Diana Milena Muñoz Orjuela, con el fin de proteger los derechos fundamentales de su hija menor. En su momento, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Chaparral sancionó a la mandataria por presuntamente no cumplir la orden.

Sin embargo, al entrar en revisión el caso —como lo establece el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991— se demostró que la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Educación, sí había dado cumplimiento a lo ordenado. La Resolución No. 3801 del 12 de mayo de 2025 formalizó el traslado de la docente a la institución educativa urbana Nuestra Señora del Rosario, sede Salomón Umaña.

Aunque existieron interpretaciones diferentes sobre el lugar de traslado, el fallo de segunda instancia dejó claro que la Gobernación actuó de manera legal, responsable y sin intención de incumplir la decisión judicial.

La decisión del Juzgado Penal del Circuito de Chaparral ratifica que no hubo desacato por parte de Adriana Matiz y que la sanción inicial carecía de fundamento. De esta manera, se cierra el incidente con un respaldo a la legalidad y el respeto institucional por parte del Gobierno departamental.