La directora de Cortolima, en representación de las 33 CAR del país, demanda medidas contundentes para la liberación de Arnold Alexander Rincón López, secuestrado hace once días, y denuncia la creciente inseguridad para los funcionarios ambientales.

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de Colombia, representadas por ASOCARS, incluyendo a Cortolima cuya directora alzó la voz, emitieron una enérgica exigencia al Gobierno Nacional para que tome acciones inmediatas que permitan la liberación de Arnold Alexander Rincón López, director general de Codechocó, quien fue secuestrado el pasado 26 de abril y de cuyo paradero aún no se tiene información.

A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y a varios ministros, las 33 CAR del país manifestaron su profunda preocupación por el secuestro de Rincón López, ocurrido mientras ejercía sus funciones en el departamento del Chocó. Además, alertaron sobre la creciente ola de violencia e inseguridad que enfrentan sus funcionarios en todo el territorio nacional.

El comunicado firmado por Olga Lucía Alfonso Iannini, presidenta de ASOCARS, y la Junta Directiva de la asociación, señala una presunta omisión por parte del Gobierno Nacional, argumentando que la situación pudo haberse evitado con esquemas de seguridad más robustos y una mejor coordinación con las autoridades competentes.

Desde febrero de 2024, ASOCARS había solicitado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible su intermediación para garantizar la seguridad del personal de las CAR en zonas con presencia de grupos armados ilegales, quienes han impuesto restricciones y puesto en riesgo la integridad de los funcionarios, limitando su labor de protección ambiental.

Asimismo, se había pedido al Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación un análisis de riesgo y el establecimiento de esquemas de protección para los directores de las CAR, quienes trabajan en territorios vulnerables y apartados.

La presidenta de ASOCARS enfatizó que más del 70% de los funcionarios de las CAR desempeñan labores operativas y de autoridad ambiental en campo, por lo que su seguridad debe ser una prioridad estatal.

Insistió en la activación de los protocolos de seguridad para garantizar el cumplimiento de su misión de proteger el ambiente con garantías.
Finalmente, las CAR reiteraron su llamado al Gobierno Nacional para que se implementen acciones concretas e inmediatas que conduzcan a la liberación de Arnold Alexander y se prevengan futuros actos que atenten contra la vida y la libertad de quienes trabajan por la sostenibilidad ambiental del país.