Un fallo judicial condena al municipio a pagar 24 mil millones de pesos a Invías, lo que podría llevarla a la quiebra.

Cajamarca se enfrenta a una dura realidad financiera tras la reciente decisión del Consejo de Estado, que obliga a la localidad a pagar cerca de 24 mil millones de pesos a Invías. Este monto corresponde a un cobro que se realizó de manera indebida en administraciones anteriores, específicamente durante el mandato de Julio Roberto Vargas, en relación con el desarrollo de las obras del túnel de La Línea.

En una entrevista con el alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, se abordaron las implicaciones de este fallo. Valencia expresó su sorpresa al recibir la notificación de un embargo por 61 mil millones de pesos, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera del municipio. "Tan pronto conocí la decisión del Consejo de Estado, pensé: ¿cómo va a pagar Cajamarca 24 mil millones de pesos conociendo su presupuesto?", comentó el alcalde.

El conflicto se origina en la decisión de administraciones anteriores de cobrar a Invías por impuestos de industria y comercio que, según el Consejo de Estado, debieron ser asumidos por el consorcio Segundo Centenario, encargado de las obras. Valencia aclaró que, tras un intento fallido de conciliación en 2022, la deuda se volvió una carga insostenible. "Los intereses acumulados superan los 9 mil millones de pesos, una cifra que nos obliga a gestionar recursos que no tenemos", explicó.

El alcalde también mencionó que la localidad debe reestructurar su presupuesto, que ronda los 30 mil millones de pesos anuales, y priorizar el pago de esta deuda sobre otros gastos públicos esenciales. "Si nos acogemos a la ley 550, los recursos del municipio tendrán que destinarse a pagar esta deuda por los próximos 10 o 15 años", advirtió.

Valencia señaló que la responsabilidad recae en varias administraciones anteriores, que tomaron decisiones apresuradas sin considerar las realidades financieras del municipio. "Es un ejercicio que viene de tres gobiernos atrás, y es crucial que quienes asesoraron mal a Cajamarca respondan por ello", subrayó.

La situación actual es crítica, con las cuentas embargadas y una carga administrativa que podría limitar severamente la capacidad del municipio para ejecutar obras y atender las necesidades de la población.

En conclusión, la decisión del Consejo de Estado no solo representa un golpe financiero para Cajamarca, sino que también plantea serias preguntas sobre la gestión administrativa pasada y el futuro del municipio en un escenario que se vislumbra complicado.