Mañana martes los privados de la libertad en el en el bloque 5 patio 35 del COIBA,  instaurarán acciones legales en contra de los directivos del INPEC, a nivel  de Bogotá, como en la regional, porque los señalan, de ser los directos responsables de una posible propagación masiva  en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, COIBA, además de las condiciones infrahumanas en las que están viviendo, 20 horas a la sombra.

Rubén Darío Acuña Galvis, privado de la libertad, en el bloque 5 patio 35 del COIBA, en Picaleña asegura que con él son 16 personas que posiblemente estén contagiadas con el COVID 19, pero que los que han tenido los síntomas se han venido recuperando.

“Por medio del chateo, que es un comunicación manual que tenemos en cárcel, nos hemos hablado con las internas del patio de mujeres y ellas nos dicen que muchas están enfermas, y que no las han atendido”, dijo Rubén Darío Acuña Galvis.

Esta situación reafirma las versiones de los familiares, que afirman que en los diferentes patios no existen garantías médicas para los internos, varios de ellos tienen enfermedades crónicas de alta complejidad en sus tratamientos, y pesa el miedo al desconocer si están o no infectados.

Varios familiares de privados de la libertad, que fueron trasladados el pasado 24 de marzo, desde la cárcel de Puerto Berrio, presuntamente al COIBA, han dicho que se encuentran en el patio 1 Pasillo 1, pero nadie les da razón de la situación real, de sus allegados, incluso uno de ellos al parecer habría firmado un acuerdo de prisión domiciliaria, pero igual fue trasladado.

“En este momento la situación es crítica, porque no se sabe si las pruebas que le tomaron son reales o fueron adulteradas, acá nos vamos recuperando poco a poco, pero no sabemos la verdad, referente a los traslados internos de los patios 9 y 10, acá en el bloque 5, patio 35 estamos, 17 personas, en el patio 36, hay 18 personas, otras en el patio 1 de Picaleña pero no sabemos cuántos, ni como están porque no tenemos comunicación con ellos”, agregó Acuña Galvis.

Por: Fernando González, periodista judicial.