El primero está relacionado con un posible incremento injustificado de su patrimonio, durante el año 2012 y 2015, en 234 millones 253 mil 434 pesos.

En el segundo cargo, la Procuraduría le cuestionó al exmandatario el que al parecer interviniera de manera irregular en la suscripción y ejecución del contrato de obra pública No. 320 del 14 de abril de 2015, que tenía por objeto “la construcción del Coliseo Parque Las Vegas del municipio de Melgar; construcción cubierta y adecuación de los polideportivos del barrio La Florida y el barrio Icacal”, por valor de 15 mil 003 millones 103 mil 554 pesos, ya que, al parecer, se habrían presentado sobrecostos que pudieron causar un detrimento patrimonial de mil 628 millones 791 mil 479 pesos.

Para el ente de control, el investigado habría vulnerado los principios que rigen la función pública, al supuestamente omitir la responsabilidad que tenía de salvaguardar la función administrativa que debe estar dirigida al servicio de los intereses de la comunidad, y al parecer no habría garantizado la transparencia, economía, eficacia y celeridad que debe tener la contratación pública.

La primera falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de dolo y la segunda como gravísima a título de culpa gravísima.