En septiembre del año 2016 el Tribunal Contencioso Administrativo ya había declarado nula la elección, decisión que fue confirmada el 4 de mayo de 2017 por el Consejo de Estado.

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a cuatro concejales de Ibagué, por una investigación que se adelanta en su contra por el delito de prevaricato por acción, en el cual supuestamente incurrieron al elegir de manera irregular al contralor Ramiro Sánchez para el período 2016-2019, el 9 de enero del año 2016, mediante sesión ordinaria.

Juan Ávila, Flavio William Rosas Jurado y Harold Oswaldo Lopera, se presentaron, por aparte, hace algunos minutos en la Sala de Audiencias 1 en el segundo piso del Palacio de Justicia y frente al Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías, siendo imputados por la delegada de la fiscalía 27 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.

La diligencia judicial de la cabildante, Linda Esperanza Perdomo, fue aplazada por temas de salud. Ninguno aceptó su responsabilidad.

La denuncia penal fue interpuesta por un veedor ciudadano el 9 de marzo del año 2017, cuando se evidenció, según la Fiscalía, el favorecimiento a Ramiro Sánchez a través de los votos de los Concejales.

Según el ente acusador, se cuenta con elementos materiales probatorios suficientes y evidencia física para inferir razonablemente la participación de los concejales, en calidad de autores y a título de dolo, ya que eran conscientes de su actuar en contra de la Ley, al introducir ajustes en la parte final del proceso, que fue la inclusión en la lista de elegibles de una persona que no alcanzaba ni siquiera el 80 por ciento sobre el 100 del puntaje exigido, cambiando las reglas sustentando que no era listado de elegibles sino de aspirantes, fue lo que dijo la Fiscalía.

Se refería entonces a Ramiro Sánchez, quien tenía como puntaje un 73.3 por ciento, muy por debajo de otros dos aspirantes que obtuvieron puntajes de 85 y 75 por ciento.

Señaló la Fiscalía Seccional Tolima que los cabildantes tenían la capacidad de entender y comprender que su actuar estaba en contra de la Ley al emitir resolución, dictamen o concepto distinto como servidores públicos, tal y como lo determina el delito de prevaricato por acción.

El 22 de agosto se dará continuidad a las imputaciones en contra de otros dos concejales activos del municipio tolimense y para el 23 otros dos seguirán en la lista de cabildantes que tendrán que estar en estrados judiciales del Palacio de Justicia en Ibagué.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.