Luego de 10 horas continuas de audiencias concentradas en el tercer piso del Palacio de justicia de Ibagué en contra de la jueza promiscua de Ataco, Lilia Alberta Ospina Fuentes; su madre, María Alberta Fuentes Ortegón y un primo de la funcionaria identificado como José Ismael Ortegón, la jueza séptima con función de control de garantías decidió suspender la diligencia judicial para reiniciarla hoy hacia las 10:30 de la mañana, y de esta manera, entregar un fallo y conocer el futuro judicial de estas tres personas.

En sus intervenciones la Procuraduría fue contundente y calificó de ilegal el actuar de la funcionaria de la rama judicial, Lilia Alberta Ospina Fuentes, al demostrar que realizó varios seguimientos al vehículo de la actual compañera sentimental de su exesposo, Mirna Gisela Torres Sáez, a quién, según la fiscalía, ordenó asesinar pagándole a dos sicarios un dinero en efectivo, hecho delincuencial que no se pudo perpetrar, pues el arma que utilizaron los asesinos a sueldo sufrió una falla y la mujer se salvó de morir en dicho atentado, siendo impactada en la parte izquierda del pecho.

Según el Ministerio Público no se explica cómo una profesional del Derecho, que realizó su juramento para hacer cumplir la Constitución y la Ley, deja a un lado su compromiso, y en un acto inmisericorde, ordena la muerte de dos mujeres con la ayuda, según la Fiscalía, de su progenitora y de un primo suyo que conducía un taxi en la capital del Tolima.

"No estamos hablando de cualquier mujer nos referimos a la hija de su ex compañero sentimental, de quien debió haber tenido misericordia, pero no fue así, pues iba a hacer una de sus víctimas. La otra es una mujer que actualmente comparte su vida con el ex esposo de la juez, a quien también ordenó asesinar con la complicidad de su familia, entre ellos su madre y un primo suyo. En qué momento se le olvidó que era juez de la República y en qué momento se le olvidó su condición de madre para mancillar la administración de justicia y actuar de esta manera tan desconsiderada", aseguró la representante de la Procuraduría.

Llamó la atención para las autoridades la frialdad y la insensibilidad que tuvo esta mujer para tomar la decisión de asesinar a sus víctimas, igualmente, la manera peyorativa y despreciativa cómo se dirigía a estas dos mujeres, como cuando se refería a ellas para “llenarle la cabeza de cigarrillos” o cuando le ponía apodos a una de estas mujeres a quien llamó “la cucaracha”, lo que para la Procuraduría, esas acciones sólo vienen de personas que no tienen compasión para con sus semejantes.

Por su parte la delegada fiscal aseguró que actualmente la vida de las dos mujeres a quienes intentaron asesinar en Cali y en Ibagué, siguen corriendo riesgo, por lo tanto solicitó a la juez séptima con función de control de garantías cárcel para estas tres personas comprometidas en este intento de homicidio bajo la modalidad de sicariato.

El ente acusador reveló que Mirna Gisela Torres tuvo que cambiar de domicilio, desplazarse acompañada y vivir momentos de zozobra y terror en su casa, en su trabajo y a dónde quiera que iba, hasta el punto de tener que cambiar de ciudad para poder estar un poco más tranquila con su familia.

Igualmente la delegada fiscal en su intervención le dijo a la funcionaria de la Rama Judicial, vinculada en este proceso, que ella tenía pleno conocimiento que lo que hacía con su víctima era ilegal y que los seguimientos que hacía no eran normales para una mujer de su talla, pues esto se convirtió en un delito a partir del momento en que ella decidió convertirla en su víctima.

Por: Juan Manuel Escobar, periodista judicial.