Iván Cancino precisó que el proyecto se enmarca en la justicia ordinaria con rebajas de penas condicionadas a la colaboración y ubicación de personas desaparecidas.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, entregó detalles sobre el alcance del proyecto de Ley de Sometimiento que tramita el Gobierno nacional ante el Congreso de la República.

El jefe de la cartera precisó que esta iniciativa surge de la prórroga y modificación de la Ley 418 de Orden Público, marcando una clara diferencia con procesos de paz anteriores, ya que no contempla negociación política, reconocimiento de estatus político, lugares de retención especial ni la suspensión de órdenes de captura.

Cancino fue enfático al señalar que bajo este marco normativo "no hay ninguna posibilidad de que el Gobierno suspenda órdenes de extradición", garantizando la vigencia de los requerimientos de la justicia internacional.

Asimismo, explicó que el esquema opera bajo la justicia ordinaria, estableciendo reducciones de pena proporcionales: hasta un 50% de rebaja para quienes no hayan sido líderes de la organización criminal y hasta un 30% para los cabecillas, condicionado al nivel de aporte e información entregada.

Un aspecto clave destacado por el ministro es el incentivo para la búsqueda de víctimas. El proyecto contempla beneficios penales adicionales para aquellos procesados que brinden información efectiva que permita la localización de personas desaparecidas, ya sea con vida o mediante la entrega de datos precisos sobre su paradero.

Con estas precisiones, el Gobierno busca ratificar que la propuesta legislativa prioriza el sometimiento estricto a la justicia y la reparación a las víctimas, marcando una línea de firmeza institucional frente a los grupos armados e ilegales.