El tribunal de paz reporta la identificación de más de 1.400 nuevos casos que no estaban contabilizados en el registro inicial, tras ampliar el rango de búsqueda a departamentos como Huila, Casanare y el Meta.

El panorama de la justicia en Colombia ha dado un giro significativo con las recientes declaraciones del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal. Tras años de mantener la cifra histórica de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, el tribunal ha confirmado que los nuevos hallazgos en los subcasos regionales han elevado ese número de manera considerable. Este aumento no responde a nuevos delitos cometidos recientemente, sino a una labor de investigación retrospectiva y contrastación judicial más rigurosa que ha permitido identificar patrones de criminalidad estatal que antes permanecían en el subregistro.

Este crecimiento en las estadísticas se debe principalmente a la apertura de nuevos capítulos regionales dentro del Macrocaso 03 y al acceso a archivos de inteligencia militar que anteriormente eran reservados. La magistratura ha logrado validar denuncias de organizaciones de víctimas y cruzar información con la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió documentar crímenes ocurridos no solo en el periodo crítico de 2002-2008, sino que extendió el análisis hacia finales de los años 90 y hasta el año 2016.

La participación activa de comparecientes, incluidos militares de alto y mediano rango que han decidido confesar para obtener beneficios judiciales, ha sido clave para ubicar fosas y nombres que el Estado no tenía mapeados oficialmente.

El presidente Vidal ha sido enfático en que la cifra de 6.402 fue siempre un punto de partida y no un techo definitivo para la verdad histórica del país. Según el magistrado, la institución se encuentra ahora en una fase de consolidación de datos que busca darle rostro y nombre a cada una de las personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, reconociendo que la verdad es un proceso dinámico que crece a medida que los archivos se desclasifican y el silencio se rompe en las versiones voluntarias.

Este ajuste al alza representa un reto mayor para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que debe coordinar con la JEP la recuperación de cuerpos en zonas rurales de difícil acceso. Para las familias de las víctimas, este reconocimiento institucional de los nuevos casos representa un avance en su lucha por la dignidad, aunque confirma que la dimensión de la tragedia fue mucho más extensa de lo que la sociedad colombiana estimaba inicialmente.