El asambleísta del Tolima deberá pagar una multa de 19 millones de pesos tras un fallo relacionado con eventos y publicaciones realizadas durante la campaña política del año 2023.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) notificó oficialmente una sanción administrativa contra el diputado del Tolima, Mauricio Monroy, y un excandidato al Concejo que lo acompañaba en su lista. La decisión surge tras una investigación por publicidad extemporánea, luego de una queja instaurada por presuntas irregularidades en el manejo de la imagen de su campaña.

Según el fallo de la autoridad electoral, la multa impuesta al diputado asciende a los 19 millones de pesos. Los hechos que motivaron esta medida están relacionados con actividades realizadas en mayo de 2023, específicamente durante las celebraciones del Día de la Madre, así como diversas publicaciones en redes sociales efectuadas por el jefe de frente de su equipo.

Ante la notificación, Monroy aclaró que se trata de una medida estrictamente económica que no pone en riesgo su permanencia en la Asamblea Departamental. “El Consejo determinó aplicar una multa económica de 19 millones de pesos”, confirmó el diputado, señalando que la sanción no tiene alcances inhabilitantes para su ejercicio actual ni para futuras aspiraciones.

El asambleísta explicó que su equipo jurídico ya se encuentra trabajando en la interposición de las acciones legales correspondientes. El objetivo de su defensa es aportar nuevo material probatorio y sustentar tesis jurídicas que permitan controvertir la decisión del CNE en las instancias permitidas por la ley colombiana.

“Como lo hemos dicho a la opinión pública, estas son sanciones administrativas económicas que en ningún momento impiden el ejercicio de la actividad como diputados”, enfatizó Monroy. El líder político insistió en que sus derechos políticos permanecen intactos y que el proceso se limita al pago del dinero estipulado por el tribunal.

Finalmente, el diputado reiteró su confianza en las instituciones y aseguró que agotará todos los procesos necesarios para ejercer su derecho a la defensa. Mientras el proceso jurídico avanza, Monroy continuará desempeñando sus funciones en la corporación, a la espera de que sus argumentos sean valorados por las autoridades competentes.