"El salario debe ser digno": advierte el diputado Felipe Ferro tras la anulación del mínimo en Colombia

por Kelly Perdomo

El asambleísta del Centro Democrático propone reducir la carga tributaria a los empresarios como única vía para rescatar el empleo y garantizar mejores ingresos a los trabajadores sin quebrar al sector productivo.

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El diputado del Tolima, Felipe Andrés Ferro, manifestó su profunda preocupación ante el vacío jurídico generado por la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto del salario mínimo. Según el asambleísta, este escenario de incertidumbre es la consecuencia directa de un Gobierno Nacional que, bajo el mando de Gustavo Petro, no priorizó la construcción de consensos con los sectores económicos.

Ferro fue enfático al aclarar que su postura no es de rechazo al aumento salarial, sino que, por el contrario, considera que los trabajadores merecen una remuneración incluso más alta. No obstante, advirtió que este objetivo es inalcanzable si el Estado continúa utilizando la presión fiscal como un obstáculo para quienes generan empleo en el país.

La propuesta central del líder del Centro Democrático apunta a un alivio tributario inmediato para las empresas. A su juicio, si el Gobierno reduce de manera significativa la tasa de impuestos a los empleadores, ese margen económico podrá trasladarse directamente al sueldo de los trabajadores, permitiendo incrementos generosos sin poner en riesgo la estabilidad de las compañías.

“No podemos seguir ahorcando a los empresarios”, señaló el diputado al referirse a la compleja situación fiscal que enfrentan las unidades productivas. Ferro insistió en que forzar incrementos salariales sin ofrecer garantías económicas a las empresas solo conducirá a quiebras masivas y, por ende, a un aumento alarmante en las cifras de desempleo a nivel nacional.

Finalmente, el diputado hizo un llamado a la coherencia fiscal y a la creación de estímulos reales para la inversión en el Tolima y el resto del país. Para el funcionario, la seguridad jurídica debe ser la prioridad para evitar que decisiones unilaterales sigan afectando la economía de las familias colombianas en un momento de alta vulnerabilidad.