Durante una reunión en Bogotá, la mandataria advirtió que la inclusión de licores y cigarrillos en el decreto afectaría de manera severa las finanzas territoriales.

La gobernadora del Tolima lanzó una fuerte advertencia al Gobierno Nacional por el impacto que tendría el Decreto 1474 de emergencia económica sobre las finanzas del departamento. Durante una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, la mandataria pidió de manera directa que los licores y los cigarrillos sean excluidos de la medida, al considerar que pone en riesgo recursos clave para la inversión social.

Según cifras presentadas por la Gobernación, el Tolima dejaría de recibir cerca de $11.000 millones en el corto plazo únicamente por la aplicación inmediata del decreto. A esto se suma una reducción aproximada del 30 % en los recursos que actualmente transfiere la Fábrica de Licores del Tolima, una de las principales fuentes de financiación del departamento.

La gobernadora advirtió que, de mantenerse la medida, el impacto total podría ascender a $52.000 millones en los próximos años, como consecuencia de la caída en las ventas, la pérdida de mercado y el debilitamiento de las marcas propias del Tolima.

Uno de los puntos más críticos expuestos fue el aumento en los precios de los productos. De acuerdo con el análisis presentado, los vinos podrían registrar incrementos entre 124 % y 140 %, mientras que los aguardientes y rones subirían entre 94 % y 105 %. Para la mandataria, este escenario no solo afectaría los ingresos departamentales, sino que incentivaría el consumo de licor ilegal, con riesgos directos para la salud pública.

La gobernadora también cuestionó la forma en que se adoptó el decreto, asegurando que los departamentos no fueron escuchados antes de su expedición. En ese sentido, insistió en que su llamado no busca confrontar al Gobierno Nacional, sino defender los intereses de los territorios.

“Pedimos que se excluya del Decreto 1474 a los licores y cigarrillos”, señaló la mandataria, al recalcar que el diálogo y la defensa de los recursos regionales hacen parte del mandato constitucional otorgado por los ciudadanos.

La solicitud quedó planteada ante el Ejecutivo Nacional, mientras los departamentos evalúan los efectos fiscales y sociales que podría generar la aplicación del decreto en las regiones.