El pronunciamiento se da tras un informe de la Contraloría del Tolima que evidenció pagos al diputado Brayan Escandón Castellanos por sesiones de la Asamblea Departamental a las que no asistió durante la vigencia 2024.

Un informe final de la Contraloría Departamental del Tolima confirmó que durante el año 2024 se realizaron pagos al diputado Brayan Alfonso Escandón Castellanos por sesiones de la Asamblea a las que no asistió y cuyas excusas no cumplían con los requisitos legales exigidos por la Ley 2200 de 2022.

De acuerdo con el ente de control, fueron identificadas cuatro inasistencias, registradas los días 1 y 18 de junio, 31 de octubre y 26 de noviembre, en las que, pese a no contar con soportes documentales válidos, se efectuaron pagos de honorarios, configurando un presunto detrimento patrimonial por $4.333.333. La Contraloría ordenó el reintegro de los recursos, el cual fue realizado en su totalidad, logrando el resarcimiento del daño al erario.

El informe también señala que, durante 2024, el diputado registró un total de 33 inasistencias, entre sesiones ordinarias y extraordinarias. No obstante, el organismo aclaró que no todas generaron pagos indebidos, ya que varias contaban con excusas debidamente soportadas o no fueron canceladas por la corporación.

Tras conocerse el informe, el candidato Renzo García aseguró que los hallazgos confirman denuncias públicas que había realizado desde comienzos de año sobre el ausentismo en la Asamblea Departamental. García cuestionó lo que calificó como un “mal ejercicio de la política” y afirmó que el cobro por sesiones no asistidas vulnera la ley y la ética pública.

“El Tolima no puede seguir normalizando este tipo de prácticas. Mientras muchas familias enfrentan desempleo y dificultades económicas, hay dirigentes que se burlan de la ciudadanía y de los recursos públicos”, expresó García, quien además pidió que no haya impunidad y que los organismos de control actúen con mayor rigor.

La Contraloría también llamó la atención sobre fallas administrativas dentro de la Asamblea del Tolima, como debilidades en la verificación de excusas y en la gestión documental, situaciones que facilitaron los pagos indebidos. Aunque en 2025 no se detectaron irregularidades similares, el caso reabre el debate sobre la responsabilidad individual de los diputados y la necesidad de fortalecer los controles institucionales para proteger los recursos públicos.