"¿Cuántos Atacos más quieren?": el diputado Jaime Tocora cuestiona la medida por el riesgo minero, mientras una investigación de la Revista Cambio señala posibles cruces de intereses con el sector extractivo.

Una intensa controversia política y ambiental se ha generado en el departamento del Tolima tras la expedición de una resolución por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante la cual se derogan las medidas que establecían Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en la región norte del departamento.

La medida deja sin efectos las resoluciones 000044, 000045 y 000052 de 2026, las cuales habían declarado un total de 48.494,47 hectáreas como determinantes de ordenamiento territorial de nivel 2. Estas restricciones cobijaban a los municipios de Fresno, Herveo, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Líbano, Villahermosa y Falan.

En los considerandos del acto administrativo, el Ministerio de Agricultura justificó la derogatoria señalando que la revisión de estos instrumentos de protección obedece a un deber estatal permanente de verificación sobre la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas.

El Ejecutivo indicó que las revisiones técnicas evidenciaron dificultades metodológicas y cartográficas que impedían mantener los efectos obligatorios de las APPA en la vertiente oriental de la cordillera Central, requiriendo información socioeconómica y productiva más actualizada.

Paralelamente, una reciente investigación de la Revista Cambio puso la lupa sobre esta decisión, señalando la existencia de posibles cruces de intereses con proyectos e intereses mineros en zonas que previamente contaban con esta categoría de blindaje ambiental y agrícola.

Frente a la determinación gubernamental, diversos sectores sociales y políticos han manifestado su inconformidad. El diputado Jaime Tocora expresó su rechazo a la medida, argumentando que las APPA representaban una herramienta fundamental de defensa territorial:

"Las áreas de protección buscaban organizar los territorios en torno al agua y a la producción de alimentos en clave de soberanía alimentaria, protegiendo la vocación agrícola de las presiones del sector privado y minero", señaló el corporado, advirtiendo sobre el impacto económico que la decisión podría acarrear para la canasta básica y las comunidades campesinas.

Por su parte, organizaciones ambientalistas e hídricas han solicitado al Gobierno Nacional mayores espacios de concertación técnica para garantizar que la flexibilización de los instrumentos normativos no comprometa la sostenibilidad ambiental a mediano y largo plazo en el departamento del Tolima.