Mientras el Gobierno implementa el sistema que reemplaza las encuestas del Sisbén por el cruce de bases de datos, ciudadanos vulnerables denuncian saltos injustificados en sus clasificaciones socioeconómicas.

 

El Registro Universal de Ingresos (RUI) es la nueva herramienta del Departamento Nacional de Planeación (DNP) diseñada para actualizar y reemplazar paulatinamente el tradicional Sisbén.

Este mecanismo determina la clasificación de los hogares colombianos mediante el cruce automático de información con bases de datos de más de 40 entidades públicas y privadas, calculando la capacidad económica real de las familias para la asignación de subsidios. Sin embargo, la falta de claridad en los criterios de medición y los constantes errores informáticos están generando incertidumbre en miles de personas que dependen de las ayudas del Estado.

La desinformación sobre el funcionamiento del sistema es generalizada entre los usuarios. Ciudadanos en condición de vulnerabilidad, sin patrimonio ni ingresos superiores al salario mínimo, han reportado figurar en categorías elevadas dentro de los grupos C o D —reservados para población no pobre ni vulnerable—, quedando al mismo nivel prestacional que hogares con patrimonios multimillonarios. Esta falla en la caracterización social amenaza con dejar desprotegidas a las familias con menores recursos.

Un claro reflejo de esta problemática es la historia de Hernando González Parra, un campesino tolimense de 88 años originario de la zona rural entre Líbano y Lérida. Tras toda una vida trabajando como jornalero, el adulto mayor comenzó a recibir el apoyo económico del programa estatal para la vejez. Sin embargo, tras unos meses, el subsidio dejó de llegarle de manera intempestiva.

Al investigar la causa, su familia descubrió con sorpresa que el dinero aparecía cobrado a través de una cuenta vinculada a una empresa en el departamento de Santander. Luego de anular la línea telefónica fraudulenta e iniciar los trámites de reubicación en su municipio, la plataforma del sistema arrojó una insólita respuesta: el señor González Parra figuraba oficialmente registrado como fallecido.

Para garantizar su cuidado y atención médica, su hija, quien trabaja como mesera en la ciudad de Ibagué devengando cerca de 150.000 pesos por tres turnos semanales, lo acogió en su vivienda. No obstante, al intentar llevarlo a una consulta de salud, la familia se encontró con un nuevo obstáculo, ya que el sistema lo ubicó repentinamente en un puntaje desproporcionadamente alto que impedía su atención prioritaria.

Aunque los allegados realizaron nuevamente los trámites presenciales para corregir el registro, la plataforma del RUI volvió a clasificar al adulto mayor en la categoría C03, un nivel asignado a personas con capacidad de ingreso que lo margina de los subsidios sociales de subsistencia. A sus casi noventa años y sin ningún tipo de propiedad a su nombre, la historia de don Hernando ejemplifica el laberinto administrativo al que se enfrentan diariamente miles de colombianos en todo el país.