El ministro de Educación, Daniel Rojas, presentó la iniciativa junto a la bancada del Pacto Histórico para elevar a rango de ley el acceso, permanencia y gratuidad en las universidades públicas.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, encabezó la radicación del proyecto de reforma integral a la Ley 30 de 1992, iniciativa respaldada firmemente por la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República. El funcionario aseguró que la propuesta busca blindar los avances alcanzados por la administración actual y asegurar que el acceso a la educación superior sea reconocido formalmente como un derecho fundamental.

Durante la presentación del articulado, Rojas destacó los logros en financiamiento público que se han traducido en un incremento superior al 53% en los recursos destinados a las instituciones públicas, así como un aumento del 101% en la base presupuestal. Según el ministro, estos indicadores permitieron alcanzar una cobertura del 61% en 2025, con una proyección de llegar al 65% en 2026 para beneficiar a más de 2.7 millones de estudiantes.

El jefe de la cartera educativa enfatizó que el proyecto no solo apunta a garantizar el ingreso a las aulas, sino a asegurar la permanencia y la calidad de la enseñanza en los territorios históricamente postergados. A su juicio, la apertura de nuevas sedes universitarias en regiones alejadas ha facilitado que comunidades vulnerables, como jóvenes indígenas, accedan por primera vez y de manera gratuita a programas de formación profesional.

Finalmente, el funcionario advirtió sobre la necesidad de proteger la financiación pública frente a eventuales medidas de austeridad fiscal en el futuro. Rojas hizo un reconocimiento al movimiento estudiantil y a las organizaciones sociales por su papel en la construcción de la iniciativa, asegurando que la reforma le pertenece a la juventud y a la ciudadanía que ha defendido la educación pública en las calles.