Desde el Ministerio de Educación aseguraron que el nuevo proyecto de ley pretende fortalecer la inversión en las regiones y garantizar que los recursos lleguen directamente a servicios esenciales como el Programa de Alimentación Escolar.

El director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación Nacional, Ilich Ortíz, en Ibagué explicó los alcances del proyecto de ley que reglamenta la reforma constitucional de 2024 y que busca aumentar las transferencias de recursos hacia municipios y departamentos.

Según indicó el funcionario, la iniciativa pretende superar los rezagos históricos generados por reformas anteriores que redujeron las transferencias territoriales en los años 2001 y 2007. En ese sentido, afirmó que el objetivo principal es permitir que las regiones cuenten con mayores recursos financieros para atender necesidades prioritarias en sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico.

Ortíz aclaró que el proyecto no busca trasladar masivamente nuevas competencias a las entidades territoriales, sino fortalecer económicamente funciones que ya estaban establecidas dentro de la normatividad vigente.

En materia educativa, uno de los puntos centrales de la propuesta está enfocado en proteger los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar, PAE, evitando cualquier posible desviación de los dineros asignados para este servicio.

El funcionario señaló que la intención es que los recursos permitan ampliar cobertura, mejorar infraestructura, garantizar menajes y fortalecer las condiciones laborales de las personas encargadas de la operación del programa alimentario en las regiones.

Asimismo, enfatizó que el Gobierno Nacional no retirará los aportes que actualmente realiza para el funcionamiento del PAE, sino que la propuesta busca complementar y fortalecer la capacidad financiera de municipios y departamentos.

Finalmente, desde el Ministerio de Educación insistieron en que el manejo de estos recursos deberá contar con participación de las comunidades y vigilancia ciudadana para garantizar que cada inversión responda realmente a las necesidades de la población estudiantil.