Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella anunciaron demandas contra el decreto mientras el presidente de la entidad estatal defendió la medida como necesaria para el sistema.

El Gobierno Nacional formalizó el Decreto 0415 de 2026, el cual ordena a las administradoras de fondos privados (AFP) transferir a Colpensiones los ahorros de los afiliados que se han trasladado al régimen público. Esta medida implica el movimiento de aproximadamente 25 billones de pesos que deberán ser entregados en un plazo no mayor a 15 días, incluyendo capital y rendimientos financieros.

La decisión generó un rechazo inmediato en sectores de la oposición. La senadora Paloma Valencia radicó una demanda ante el Consejo de Estado tras afirmar que “esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos”. Valencia cuestionó además la oportunidad de la norma, señalando que se expide a solo 40 días de la primera vuelta presidencial, lo que a su juicio tiene tintes electorales.

Por su parte, el abogado Abelardo De La Espriella también confirmó que emprenderá acciones legales contra el decreto, calificándolo como un golpe a la propiedad privada. En medio de esta controversia, De La Espriella aprovechó para reafirmar su disposición de enfrentar a Iván Cepeda en el debate propuesto, vinculando la discusión económica con la confrontación política actual.

Desde la orilla oficial, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, restó importancia a las críticas y al impacto sobre los fondos privados. El funcionario describió el monto a trasladar como “el pelo de un gato” en comparación con la totalidad de los recursos que manejan las AFP, a quienes criticó por invertir gran parte del capital en el extranjero en lugar de fortalecer la infraestructura del país.

Dussán puntualizó que el decreto busca corregir un desequilibrio financiero, asegurando que actualmente los fondos privados le deben a Colpensiones cerca de 5,5 billones de pesos por ciudadanos que ya están pensionados en el régimen público.

Según el directivo, la medida garantiza que el dinero de los cotizantes esté donde realmente se prestan los servicios de seguridad social.

La disputa por los recursos pensionales se ha convertido en el eje central de la campaña presidencial de 2026. Mientras el Ejecutivo defiende la sostenibilidad financiera del sistema público, la oposición advierte sobre los riesgos de seguridad jurídica y la posible utilización de estas altas sumas de dinero en el tramo final de la contienda electoral.