La iniciativa busca recaudar cerca de $8 billones de pesos destinándolos a la recuperación de zonas afectadas por inundaciones y otros efectos de la crisis climática.

El Gobierno nacional, a través del ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que propondrá un impuesto al patrimonio dirigido a personas jurídicas de gran tamaño como parte de una estrategia para obtener recursos adicionales que permitan atender los gastos derivados de la emergencia climática y la reconstrucción de regiones afectadas por las intensas lluvias en Colombia.

La medida forma parte de los preparativos para declarar una nueva emergencia económica, tras la suspensión provisional de la anterior por parte de la Corte Constitucional, y está enfocada en que solo las grandes empresas con patrimonios líquidos elevados sean gravadas para contribuir con la financiación de los costes asociados a desastres naturales.

El impuesto se diseñaría con un enfoque progresivo:

1. Se aplicaría desde patrimonios líquidos de 000 UVT (alrededor de $10.000 millones de pesos) con una tarifa del 0,6 %,

2. Y aumentaría a 1,2 % para patrimonios superiores a 000 UVT (aproximadamente $30.000 millones de pesos).

Según cifras oficiales, esta propuesta podría involucrar a unas 15.000 empresas que, bajo este esquema, contribuirían con cerca de $8 billones de pesos al presupuesto destinado a enfrentar los efectos de las inundaciones y otras consecuencias de la crisis climática en el país.

El Gobierno ha señalado que este impuesto estaría diseñado para no afectar a pequeñas y medianas empresas, pues su aplicación se circunscribiría exclusivamente a las personas jurídicas con patrimonios más elevados.

Se trata de una política tributaria diferenciada que busca complementar otros mecanismos de financiamiento del Estado en un contexto fiscal exigente, marcado además por discusiones recientes sobre la declaración de estados de excepción económica para atender a sectores afectados.