EXTRA: Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica del Gobierno Petro

por Yudy Vallejo

En una decisión histórica, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió, por seis votos a favor y dos en contra, aplicar una medida cautelar que deja sin efectos temporales el decreto, mientras se analiza su constitucionalidad de fondo.

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Hace pocos minutos se conoció que la Corte Constitucional suspendió la vigencia del Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social con el fin de implementar, sin debate legislativo, una serie de medidas tributarias y de política fiscal para enfrentar un déficit presupuestal estimado en unos 16,3 billones de pesos.

La decisión se tomó en una votación de 6 a 2 votos en la Sala Plena, respaldando la ponencia del magistrado Carlos Camargo Assis, quien planteó que existen fundados cuestionamientos de inconstitucionalidad y riesgos de daño irreparable si el decreto continuaba en vigor sin revisión profunda.

Este tipo de medida cautelar -suspender los efectos de un decreto presidencial- es inusual en la historia de la Corte, especialmente cuando se trata de un estado de excepción como la emergencia económica, lo que refleja la complejidad jurídica del caso y la interpretación del alto tribunal sobre sus propias facultades.

Con la suspensión los tributos y normas adoptados bajo el decreto, incluidos los supuestos aumentos de impuestos o cambios fiscales, quedan temporalmente sin efectos mientras la Corte avanza en el análisis de fondo que podría culminar en la anulación definitiva del decreto si se considera que viola la Constitución.

Sectores como gobernadores y gremios empresariales habían cuestionado previamente la medida, argumentando que no se cumplían los requisitos constitucionales de un estado de emergencia -emergencia extraordinaria e imprevisible- e incluso promovieron acciones ante el alto tribunal para frenar su aplicación.

El Gobierno, por su parte, había defendido el decreto como una herramienta necesaria para evitar crisis fiscal y garantizar servicios esenciales, aunque enfrentó oposición judicial y política desde su promulgación.