Desde Corjusticia mostraron su preocupación por el acto administrativo que elimina prima a congresistas, el cual también cobija a la Rama Judicial del país.

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) -afiliada a la Federación Latinoamericana de Magistrados y a la Unión Internacional de Magistrados-, en representación de funcionarios(as) judiciales de diferentes distritos judiciales del país, expresa su preocupación con ocasión de la expedición del Decreto 0030 del 2026, mediante el que el Gobierno Nacional disminuyó la remuneración salarial mensual de los Congresistas de la República, que también reducirá el salario de los Procuradores, Fiscales, Jueces, y Magistrados de todo el país, incidiendo consecuentemente en su calidad de vida, la de sus familias y allegados.

Bajo el argumento de austeridad, en la práctica, se modifica el régimen salarial fijado por la Ley 4 de 1992, produciendo un efecto cascada que reducirá ingresos a los funcionarios judiciales y otros servidores públicos, desconociendo los derechos salariales consolidados, el principio de no regresividad en materia laboral, así como la independencia y autonomía judicial; la reducción del salario a los judiciales constituye un mecanismo de presión o control indirecto sobre el Poder Judicial, que a su vez, puede generar un escenario de conflictividad institucional.

Por lo anterior, instamos al Gobierno Nacional a adoptar las medidas que correspondan para evitar afectaciones al talento humano al servicio de la Judicatura; a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, al Consejo Superior de la Judicatura, a los organismos de control y en general, a todas las autoridades competentes, a adelantar las gestiones pertinentes para solventar esta problemática.

Asimismo, invitamos a los sindicatos y demás organizaciones de la Judicatura, Procuraduría y Fiscalía, así como a todos los servidores públicos afectados a aunar esfuerzos por la defensa de nuestros derechos laborales.

Finalmente, Corjusticia reitera su compromiso con la lucha por el bienestar de los servidores judiciales, y el sostenimiento de la independencia y autonomía judicial, baluarte fundamental del Estado Social y Democrático de Derecho, por lo que fomentaremos, con especial ahínco, el establecimiento de escenarios de diálogo y cooperación interinstitucional, que sumado al trabajo directo con servidores públicos y con organizaciones y/o entidades nacionales e internacionales, permitan adoptar las mejores estrategias para enfrentar esta situación.