La demanda exige nulidad y suspensión provisional urgente de la norma al advertir múltiples deficiencias legales y riesgos económicos significativos.

Ayer Fenalco presentó formalmente ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 1469 de 2025, que fijó el salario mínimo para este año en 2 millones de pesos con auxilio de transporte mediante un incremento del 23,7 % respecto a 2025.

La acción incluye una solicitud de suspensión inmediata de la norma mientras se adelanta el análisis judicial.

Según el gremio de los comerciantes, representado por su presidente Jaime Alberto Cabal, el decreto presenta graves deficiencias legales, ya que —según su interpretación— se desconocieron los criterios obligatorios fijados en la ley para determinar el salario mínimo, sustituido por una noción subjetiva denominada “salario vital” sin base técnica ni valor jurídico vinculante.

La normativa colombiana exige que dicho ajuste se base en variables técnicas como inflación, productividad, crecimiento del PIB y participación de salarios en el ingreso nacional.

Además, Fenalco sostiene que el decreto vulnera el marco constitucional y desconoce la competencia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elemento clave para medir la inflación.

El gremio argumenta que el aumento decretado no solo carece de sustento técnico claro, sino que también podría acarrear impactos económicos y sociales negativos para el país, entre ellos:

• Presiones inflacionarias adicionales y deterioro de las finanzas públicas.
• Pérdida de alrededor de 772.000 empleos formales.
• Cierre de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
• Aumento de la informalidad laboral y afectación de la productividad.

Cabal ha enfatizado que su demanda no pretende ser una confrontación contra los trabajadores, sino una defensa del Estado de derecho, la seguridad jurídica y la estabilidad económica, argumentando que la elevación abrupta del mínimo podría terminar perjudicando a los propios asalariados a través de la inflación y la pérdida de oportunidades de empleo formal.

La demanda de Fenalco se suma a otras acciones legales presentadas recientemente, entre ellas tutelas que buscan dejar sin efectos el mismo decreto, aunque algunos intentos provisionales han sido negados por los jueces competentes.

El Consejo de Estado, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, será el encargado de decidir si admite plenamente la demanda y, eventualmente, si otorga la suspensión solicitada que podría dejar sin efecto temporalmente el alza del salario mínimo hasta que se defina el fondo del asunto.