La iniciativa buscaría proteger la vivienda de interés social de la fluctuación del Salario Mínimo.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó un borrador de decreto con el que busca modificar la regulación de las VIS en Colombia, con el objetivo de proteger a los compradores y dar mayor certidumbre sobre el precio final de estos inmuebles.

La propuesta establece que el valor máximo de una VIS no podrá superar el equivalente a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes (para 2026, alrededor de $236.372.000), un tope que ahora sería único para todo el país, reemplazando la diferencia anterior entre ciudades grandes y municipios más pequeños.

Uno de los cambios más importantes es que todo negocio jurídico para adquirir una VIS —como la separación, la promesa de compraventa o un encargo fiduciario— deberá pactar su precio total expresado en pesos colombianos desde el inicio, y ese valor será el único exigible durante todo el contrato, sin que pueda indexarse automáticamente al salario mínimo.

El texto propone además que solo se permitirán ajustes al precio en casos excepcionales, cuando existan motivos extraordinarios que afecten los costos reales de construcción, siempre que estén debidamente respaldados por el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICCE) del Dane.

La iniciativa busca evitar incrementos automáticos de los precios vinculados a las alzas del salario mínimo, fenómeno que en los últimos años ha elevado significativamente el tope monetario de la VIS y generado dificultades para familias con ingresos bajos que buscan acceder a vivienda propia.

El proyecto de decreto también contempla sanciones para lo que se clasificaría como prácticas abusivas, como no fijar el precio en pesos desde el inicio, retrasar injustificadamente la firma de la promesa de compraventa o incluir cláusulas que generen desequilibrios contractuales en perjuicio del comprador.

El texto está abierto a comentarios públicos hasta el 24 de enero de 2026, tras lo cual el Gobierno evaluará las observaciones, hará ajustes y decidirá si firma y publica finalmente la norma, lo que implicaría un cambio significativo en la dinámica de la VIS en Colombia.