La gobernadora del Tolima aseguró que el incremento decretado para 2026 tendrá repercusiones en el presupuesto departamental y en programas del Estado.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reaccionó al anuncio del Gobierno Nacional de incrementar en un 23 % el salario mínimo para el año 2026, una decisión que, según afirmó, traerá consecuencias complejas para el país y para las finanzas de los entes territoriales.

La mandataria calificó la medida como “una decisión calculada que genera una felicidad momentánea, pero que va a tener consecuencias muy complejas para el país en general”. En ese sentido, señaló que, además de los efectos advertidos por gremios y empresarios en materia de informalidad y desempleo, el impacto sobre el erario público y las entidades del Estado será considerable.

“Sumado a lo que han dicho los gremios y los empresarios, las consecuencias para el erario público y para las entidades del Estado son inmensas”, expresó Matiz.

La gobernadora indicó que los costos laborales aumentarán de manera significativa y que su equipo de Hacienda realizará un análisis detallado sobre cómo este incremento afectará el presupuesto departamental, especialmente en los funcionarios que devengan menos de cuatro salarios mínimos y reciben auxilio de transporte.

“Nosotros hicimos una proyección presupuestal y hoy ese cálculo se incrementa mucho más por el nuevo salario mínimo decretado”, explicó.

Matiz advirtió que el impacto también se extenderá a servicios y programas fundamentales como vigilancia, aseo, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Transporte Escolar. Como ejemplo, señaló que en el Tolima hay cerca de 1.200 manipuladoras del PAE, para quienes se había proyectado un aumento salarial del 7 % para 2026.

“Ahora el incremento será del 23 %, lo que nos obliga a hacer ajustes, justo cuando ya se adjudicó el contrato del PAE para iniciar desde el primer día de clases del próximo año”, precisó.

Finalmente, la mandataria sostuvo que el aumento de los costos laborales, sin un incremento proporcional en los ingresos, podría traducirse en menor inversión social y en infraestructura.