La medida se tomó para impedir que usen sus influencias para desviar la investigación.

El Tribunal Superior de Bogotá determinó que los exministros Ricardo Bonilla González (Hacienda) y Luis Fernando Velasco Chaves (Interior) deberán permanecer privados de la libertad en un establecimiento carcelario como medida de aseguramiento mientras avanza el proceso penal en su contra.

La decisión fue tomada por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero tras concluir que no se cumplían los requisitos para concederles detención domiciliaria y que la gravedad de los hechos requería una medida más severa.
La Fiscalía General de la Nación imputó a ambos exministros por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, todos asociados a un esquema que, según la investigación, habría utilizado recursos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías) para “comprar” apoyos políticos en el Congreso de la República a cambio de respaldar proyectos de ley importantes para el Gobierno.

Las pruebas incluyen evidencia documental, comunicaciones y testimonios recolectados por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 se habrían direccionado y comprometido contratos por cientos de miles de millones de pesos que beneficiaron a congresistas y aliados políticos con el objetivo de asegurar votos a favor de iniciativas como reformas sociales, incluidas la pensional y la de salud, así como operaciones crediticias prioritarias para la administración estatal. Ambos exministros se declararon inocentes durante las audiencias iniciales y sus defensas han anunciado recursos de apelación contra la medida.

La imposición de la medida privativa de la libertad en centro carcelario —y no la sustitución por prisión domiciliaria— fue explicada por la magistrada con base en la gravedad de los delitos imputados, el riesgo de interferencia en el desarrollo del proceso investigativo y la necesidad de garantizar la comparecencia de los implicados.

La Fiscalía y la Procuraduría también habían solicitado seguir con medidas de aseguramiento, aunque inicialmente contemplaban la detención domiciliaria.