La Corte Suprema, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia radican ante el Senado un proyecto de ley que busca optimizar los tiempos procesales y garantizar los derechos de las víctimas, mediante ajustes al Sistema Penal Acusatorio.

En un esfuerzo conjunto para combatir la impunidad y garantizar una justicia penal más ágil, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón; y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, presentaron ante el Senado de la República un proyecto de reforma que busca transformar el funcionamiento del Sistema Penal Oral Acusatorio.

La propuesta, fruto de amplias discusiones con diversos sectores, tiene como objetivo reducir los tiempos de los procesos judiciales y restablecer el equilibrio del sistema, para ajustarlo a las necesidades de los ciudadanos y asegurar los derechos de las víctimas en todo momento. El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano, implementado en 2004 para agilizar las actuaciones judiciales mediante mecanismos como los preacuerdos y los principios de oportunidad, herramientas que han sido limitadas con el tiempo.

Actualmente, solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal colombiano se resuelven mediante terminación anticipada, como preacuerdos o allanamientos, un porcentaje muy bajo en comparación con el 90% esperado en los sistemas penales modernos. La reforma busca revertir esta tendencia, proponiendo una mayor utilización de estos mecanismos para evitar la congestión judicial y la revictimización de las personas afectadas por delitos.

Entre los principales ajustes que propone el proyecto se encuentra la eliminación de restricciones a los mecanismos procesales establecidos en la Ley 906 de 2004, así como la ampliación de los beneficios por allanamientos y preacuerdos, y la aplicación eficiente del principio de oportunidad desde las primeras etapas de la indagación.

El articulado también incluye la extinción de la acción penal mediante la reparación integral a las víctimas, la posibilidad de que las personas capturadas en flagrancia accedan a beneficios similares a los de quienes no han sido aprehendidos en esa circunstancia, y la ampliación de los procedimientos de allanamiento y preacuerdos a todos los delitos.

Las cifras presentadas en la exposición de motivos del proyecto reflejan la gravedad de la situación. En 2023, la Fiscalía General de la Nación reportó 1.815.751 noticias criminales y, hasta la fecha en 2024, ya se han registrado 559.313. Asimismo, de los 52.278 escritos de acusación radicados el año pasado, solo el 5% fue producto de preacuerdos, lo que evidencia la necesidad urgente de una reforma que promueva soluciones rápidas y consensuadas en la mayoría de los casos.

Esta reforma representa un paso clave hacia un sistema penal más eficiente, que evite la congestión de los tribunales y proteja los derechos de las víctimas, mientras se avanza hacia una justicia pronta y efectiva para todos los ciudadanos.